Los migrantes en Magallanes conforman una población cercana a las cuatro mil personas, con necesidades que deben ser cubiertas por el Estado. De ahí que la Gobernación viene desarrollando desde 2014 un trabajo en conjunto con las universidades Central y de Magallanes, que ha logrado caracterizar el fenómeno y sentar las bases para generar políticas públicas que lo aborden.
Diario El Pingüino entrevistó a uno de los integrantes del equipo de investigadores, el doctor en Sociología Eduardo Thayer, quien acotó que “es un diagnóstico de la situación migratoria que está viviendo la región y especialmente la ciudad de Punta Arenas”.
– ¿Es un fenómeno relevante para Magallanes la migración?
“Es un fenómeno relevante en términos del impacto que tiene a nivel local la migración. Este tipo de migración que está llegando a la ciudad tiene especificidades que no tiene en otras partes”.
– ¿Qué tiene de distinto?
“Es migración dominicana fundamentalmente, colombiana, muy feminizada, afrodescendiente, lo que es nuevo en la región. Además, tiene vulneraciones específicas en sus derechos, en el ámbito de la salud y del trabajo. Los dominicanos presentan una mayor vulneración, porque debido a la visa consular que se les impuso hay una mayor migración irregular. Si bien en términos de magnitud no está al nivel de algunas comunas de Santiago, los más de 4 mil migrantes que viven aquí en Punta Arenas hace que sea un asunto público significativo que va a permanecer, que probablemente va a crecer si las condiciones se mantienen y que aún se está a tiempo de actuar”.
– ¿Por qué llegan tantos dominicanos a Magallanes?
“Oportunidades de trabajo fundamentalmente, los migrantes van hacia los lugares donde son llamados. Hay una cierta demanda de fuerza de trabajo extranjera”.
– ¿Qué ocupaciones tienen en la región?
“Hay trabajadores del sector petrolífero, que vienen de países como Venezuela; otros se ocupan en el área de servicios, vinculados al turismo, hostelería, restaurantes, que tiene que ver con el crecimiento económico de la ciudad o con la calidad de vida asociada a ella”.
– ¿Por qué al Gobierno Regional le interesa atender las necesidades de la población migrante cuando al parecer la tendencia mundial es al revés, es decir, a desincentivar su llegada?
“No está en las posibilidades de un gobierno detener los flujos migratorios. La experiencia que existe dice que cada vez que lo han intentado, han fracasado, porque sólo los reducen y los que ingresan lo hacen en peores condiciones, aumentan los costos, el tráfico, la trata y los migrantes que mueren en el intento de llegar. Ahora, hay un compromiso de parte del Gobierno de Chile con los derechos humanos. Eso significa que una vez que hay población migrante en el territorio nacional, evidentemente es una responsabilidad de los gobiernos regionales y locales (municipalidad) hacerse cargo de esta realidad que se generó por una demanda de la región”.
– ¿Qué acciones se están desarrollando en ese sentido?
“En estos dos años se ha visibilizado el problema, se lo ha caracterizado y se ha logrado identificar cuáles son los nudos críticos de la incorporación y de la vulneración de derechos de la población migrante. La idea ahora es dar un salto hacia las políticas públicas”.
– ¿Qué derechos de los migrantes se han vulnerado?
“Por parte de algunos empleadores hay un abuso del sistema de regulación de las migraciones. La legislación chilena condiciona mucho el acceso a derechos a la situación laboral y quienes los contratan abusan de la necesidad de trabajo que tienen, empleándolos en condiciones de extrema precariedad, no pagándoles las imposiciones, despidiéndolos antes de que se cumpla el plazo para cambiar de permiso de residencia, con lo cual se mantiene la situación de vulneración. Muchos no se acercan a los servicios, especialmente de salud, por temor a ser descubiertos, lo que impide la prevención de enfermedades. Un tercer tema, aún incipiente, es la educación, porque todavía son pocos. Este es el momento preciso para fortalecer la convivencia intercultural entre los niños nacidos aquí y los que vienen desde el extranjero”.
– Se dice que la mayoría de las mujeres migrantes se dedican al comercio sexual. ¿Es así?
“En el diagnóstico hay una proporción importante que es empleada por chilenos en comercio sexual y es una de las puertas de entrada de las mujeres migrantes, o sea hay una demanda en la población de Punta Arenas por servicios sexuales de mujeres afrodescendientes, lo que hace que muchas lleguen en esa condición, pero también en el mediano plazo se crean ellas mismas las oportunidades y se está trabajando con algunas organizaciones para buscar salidas a ese tipo de ocupación”.
– ¿Cuál es el desafío de las autoridades a este respecto?
“En el ámbito del trabajo, garantizar que se respeten los derechos de esas trabajadoras, tal como se hace con las chilenas que ejercen el comercio sexual aquí y en otras ciudades, que se garantice su acceso a la salud y generar oportunidades para que no permanezcan en un ámbito laboral que para ellas representa una salida de sobrevivencia más que un proyecto de vida”.
– ¿Sufren mucha discriminación de parte de la comunidad puntarenense?
“Ayer no más me comentaba una mujer, residente desde hace diez años en la ciudad, que trabajó en comercio sexual y que ahora es microempresaria, que cuando sale a la calle la tratan de puta y le ofrecen dinero para irse a acostar, sólo por ser mujer y afrodescendiente. Entonces viven una situación de estigmatización social que es severa, lo cual supone una discriminación en contra de las trabajadoras sexuales y contra las mujeres afrodescendientes migrantes”.