La letra de un tango
argentino dice, en uno de sus versos, que “cayó el telón sobre la farsa sin
final feliz” y que podría aplicarse a los alegatos de inocencia de la defensa y
del propio senador Carlos Bianchi Chelech, tratando de evitar el desafuero,
primero, y, después, relativizar los cargos por los cuales está imputado él y
sus cuñados Victoria y José Retamales Espinoza: negociación incompatible y
fraude al Fisco por una suma que bordea los 50 millones de pesos.
Y todo
ello porque la Corte Suprema de Justicia, máxima instancia judicial chilena,
respaldó lo resuelto, por unanimidad de sus integrantes, por los ministros de
la Corte de Apelaciones de Punta Arenas y dejara sin fuero al parlamentario por
Magallanes. El formalizado y ya desaforado senador Bianchi, eso sí, ha
ingresado a la historia político-judicial chilena: es el primero que pierde tal
privilegio, aunque deba sortear el debido proceso frente a las acusaciones que
le formuló la Fiscalía Regional de Magallanes el pasado 10 de marzo.
Se sumará así a otros
parlamentarios, en este caso diputados como Rosauro Martínez (RN) a la espera
de la decisión final de la Corte Suprema sobre su futuro, y a las ya
ejecutoriadas sentencias que afectaron a la ex diputada Laura Soto (PPD) y
Maximiano Errázuriz(RN).
Bianchi no tuvo la misma
suerte que su colega Eugenio Tuma (PPD) quien no fue desaforado, pero hay
registro de un caso peor: el del senador Jorge Lavanderos (DC), acusado de
abusos sexuales contra menores, procesado, condenado a más de siete años de
prisión y puesto en libertad al cabo del cumplimiento de la mitad de su
condena, recluido en una cárcel de alta seguridad.
Lo que viene
El juicio por negociación
incompatible y fraude al Fisco debiera
iniciarse dentro de un mes o poco más, una vez que se tramite el fallo que, por
mayoría, dejó sin fuero a Bianchi, el cual, mientras tanto, aunque siga siendo
parlamentario nominalmente, está suspendido de sus funciones y tareas como senador y aunque seguirá
percibiendo la millonaria dieta que le corresponde (más de $ 9 millones
brutos), esta se verá disminuida porque el pago de otras suculentas
asignaciones (más de $ 15 millones mensuales) le será suspendida hasta que su
situación judicial quede completamente clarificada.
Esto
fue decisión acordada en la última sesión de la Comisión de Régimen Interno de
la Cámara Alta y ratificado ayer en el diario La Tercera por el presidente del
Senado, Patricio Walker. “Acordamos por unanimidad en régimen interno suspender
el pago de asignaciones a todos los parlamentarios desaforados. Es decir, todo
el pago de asesores legislativos, el traslado de Punta Arenas a Santiago en
avión, el traslado a Valparaíso”, explicó Walker.
Ahora
bien, si la pena de cuatro y cinco años por los delitos de negociación
incompatible y fraude al Fisco reiterados, más diez años de inhabilidad para
ocupar cargos públicos solicitada por la Fiscalía queda a firme, obviamente
Bianchi Chelech deberá abandonar el Senado y será recluido en prisión, lo cual
dependerá de las conductas agravantes o atenuantes que se invoquen en su
momento.
CDE
En
cuanto a la presencia del presidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan
Ignacio Piña, fue calificada como “una señal contra la corrupción” ya que,
según lo planteó se necesita igualdad de trato en esta materia y en la que se
han visto o pueden verse involucrados empleados públicos (entre ellos los
parlamentarios) y reiteró, en parte de su alegato, al dirigirse a los altos
magistrados del país que no sobreseyeran a un personero público antes de que
sea llevado a juicio, donde deberá dilucidarse el caso en que está involucrado
Bianchi y dos parientes directos.
Viraje
El
desaforado y formalizado senador Bianchi, junto con reiterar su inocencia,
tergiversar la forma y fondo de los antecedentes entregados por la Fiscalía
Regional, el CDE y los querellantes particulares, cuestionando la acusación de
ilegalidad de los actos en que él mismo incurriera o señalando que es víctima
de una persecución del dinero y del poder e insistiendo en que su vida ha sido
honesta, que siempre ha ido de frente, sorprendido porque la negociación
incompatible con parientes directos y fraude al Fisco reiterados merecería
sanciones penales más abultadas que las que podría aplicarse a pedófilos u
homicidas, anunció que su nueva sede tendrá las puertas abiertas a la
comunidad.
Esos y
otros términos similares fueron esgrimidos en una conferencia de prensa y en
dos cadenas de radio y televisión en las que, además, se desdijo de su otrora
virulento rechazo a la política y a los políticos y anunció, singularmente, la
formación de un referente propio, en el marco de la ley de partidos políticos,
cuyo contenido valórico, ideológico, objetivos electorales y otros aspectos, no se han conocido aún, pero que el
mismo dijo “me digno presidir”.
El Ciudadano
Bianchi no sólo deberá
enfrentar el proceso por negociación incompatible y fraude al Fisco reiterados,
en el cual está imputado junto a sus cuñados.
Luego de conocerse los
detalles del juicio condenatorio para los editores de “El Ciudadano”, Bruno
Sommer Catalán y Sebastián Larraín Saá, al término del cual ambos fueron
sentenciados a 540 días de prisión; al pago de una cuantiosa multa, por el
delito de injurias y calumnias con publicidad en contra del ex diputado Miodrag
Marinovic, se sindica a Bianchi como presunto autor intelectual de esa campaña
y a su empleado Claudio Barrientos Mol, como el coordinador en terreno de esa
operación político-electoral.
Ese medio de comunicación
social hizo una serie de graves acusaciones e imputaciones al ex diputado,
basándose en las primeras afirmaciones de Rodrigo Javier Calisto Oyarzo, las
que el mismo Calisto desmintió en declaración ante notario y correo electrónico
que envió a “El Ciudadano” y a cuyos
editores pidió que no publicaran sus dichos
porque eran falsos y producto de un estado de alteración sicológica causada por
el fallecimiento de su madre.
Ni
Sommer Catalán ni Larraín Sáa hicieron caso del auto desmentido de Calisto
Oyarzo ni consideraron su carta pidiendo la no publicación de hechos falsos, lo
que motivó una querella por injurias y calumnias graves, con publicidad, la
cual llegó hasta la Corte Suprema, cuyos magistrados condenaron a los editores
de El Ciudadano en forma definitiva.