La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) recibió la
noticia de un nuevo rechazo del Concejo Municipal a las enmiendas relativas a
las “zonas inundables” del Plan Regulador Comunal (PRC) de Punta Arenas con
gran sorpresa. La asociación gremial expresa su preocupación por la extensa
espera que este retraso significa para múltiples proyectos de edificación,
tanto públicos como privados, y también para proyectos de infraestructura de
alto impacto social para la capital magallánica.
Desde diciembre de 2019, con el informe de Contraloría
General de la República, que más de 400 hectáreas de Punta Arenas fueron
interpretadas como “zonas inundables”, paralizando los permisos de edificación
y obras varias. Luego, a pesar de que la Municipalidad realizó un largo proceso
para modificar el PRC, incluyendo instancias de participación ciudadana y
recepción de comentarios varios, el Concejo Municipal decidió no aprobar el
texto de la Ordenanza que permitiría construir en terrenos con las mitigaciones
pertinentes.
“Esta situación mantiene, desde fines de 2019, a importantes
obras paralizadas y pone en riesgo la entrega de numerosas viviendas sociales
tan anheladas por la comunidad. A pesar de las gestiones realizadas desde enero
de este año por la Municipalidad, aún no hay mayores avances en esta enmienda
que, según se dijo en un inicio, iba a ser muy rápida, debido a la gravedad del
asunto. El cronograma de trabajo contemplaba que en agosto de este año se
presentara la enmienda a Contraloría y se resuelva así este problema, pero
vemos cada vez más lejano ese momento”, recordó Carlos Braun, presidente de
la CChC Punta Arenas.
Este escenario ha paralizado la ejecución de proyectos
emblemáticos de Punta Arenas, como por ejemplo el Terminal de Buses, las nuevas
instalaciones del Inia y el futuro cuartel de la PDI, entre otros. Esta
indefinida encrucijada también afecta a viviendas sociales, dado que la
construcción de casi novecientas soluciones habitacionales de inversión pública
está detenida actualmente, y además mantiene en incertidumbre que realmente se
puedan edificar casi siete mil viviendas sociales para los próximos años,
perjudicando a pobladores que están a la espera de la anhelada casa propia.