En la sentencia los magistrados indicaron que el sujeto estará inhabilitado para cargos, oficios públicos, derechos políticos y profesiones titulares, como también será privado de la patria potestad y de todos los derechos que por el ministerio de la ley se le confieren respecto de la víctima y de sus bienes, asimismo deberá estar sujeto a la vigilancia de la autoridad durante los diez años siguientes al cumplimiento de la pena principal, debiendo informar a Carabineros cada tres meses su domicilio actual.