La Cámara de Diputados aprobó ayer un proyecto de resolución que pide al Presidente Sebastián Piñera, que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se haga parte de las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía de Alta Complejidad reveladas por los últimos tres informes de la Contraloría.
El documento presentado por el diputado Leonidas Romero, fue aprobado por 125 votos a favor y 21 abstenciones y, a juicio del parlamentario, debiera significar la destitución de la presidenta del directorio de ENAP, Loreto Silva. Aunque los hechos denunciados se refieren únicamente a la gestión de Marcelo Tokman, el parlamentario cuestiona la gestión de las actuales autoridades ante estos hechos.
En su parte sustancial, el documento aprobado ayer por la Cámara de Diputados expresa: “Se solicita al Presidente de la República que dadas las graves y reiteradas faltas e incumplimientos de la Empresa Nacional del Petróleo, determinadas en al menos tres informes, aplicar la normativa legal y exigir al Consejo de Defensa del Estado se haga parte en las acciones que lleva a cabo la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, por las irregularidades cometidas en ENAP y que han significado una pérdida patrimonial de cinco mil millones de dólares”.
Los informes que revelan las irregularidades al interior de la estatal, fueron emitidos por la Contraloría General de la República entre enero de 2018 y agosto de 2019.
Venta de oficinas
El primer informe de la Contraloría fue emitido el 30 de enero de 2018, “por actuaciones contrarias a la legalidad vigente”.
Este documento acusa el incumplimiento una serie de procedimientos y normas en la venta de sus oficinas corporativas y el arriendo de nuevas dependencias, así como el conflicto de interés surgido a partir de la decisión de contratar una sociedad vinculada a uno de los directores.
“Cazatalentos”
El segundo documento fue emitido el 7 de junio de 2019 y estableció la contratación, sin mediar concurso alguno, de empresas “head hunter” (“cazatalentos”) por un valor de 348 millones de pesos y “servicios transitorios” por más de $2.500 millones de pesos, bajo la misma figura legal. Contraloría acreditó el pago arbitrario de 2.537 millones de pesos entre 2016 y 2017 a cuatro empresas “sin fundamento que la sustente” y basado en una norma aprobada por la estatal en 2014.
Magallanes
El tercer informe fechado el 22 de agosto de 2019, corresponde a una auditoría que reveló graves irregularidades en el Proyecto Incremental Área Magallanes, PIAM, a lo largo de todo el año 2017.
El ente regulador comprobó irregularidades y deficiencias en la operación de la Unidad de Auditoría Interna de ENAP, al momento de adjudicar el proyecto, ejecutarlo y falta de supervisión y monitoreo. Estas debilidades se extendieron a la filial ENAP Sipetrol Argentina y donde se verificó la falta de acreditación de los avances físicos y financieros de la cartera de proyectos. También se reveló la existencia de cuentas de usuarios con amplios privilegios, al punto que de un total de 137 usuarios de un software específico, 27 correspondían a personal no identificable con la nómina de la empresa.