que demandó hace algunas semanas atrás por $ 850 millones a seis concejales y al alcalde Vladimiro Mimica, por sentir que el proceso tras el cual no se le adjudicó la licitación de recolección de residuos domiciliarios de Punta Arenas, fue indebido.
La demanda asciende a los $ 200 millones y está dirigida a los concejales Mario Pascual (PS), Emilio Bocazzi (PPD), Claudia Barrientos (PPD) y José Aguilante (DC), más el dirigente de la empresa Mercurio, por la que firmara anterior previo a la primera licitación, José Igor.
Los motivos que habría aducido Mancilla, dicen relación con el daño moral que le ocasionó la decisión del Concejo Municipal al momento de votar la licitación, porque la mayoría de los concejales argumentó rechazar la propuesta del alcalde, debido a que la empresa El Mercurio estuvo acusada de efectuar despidos masivos y de cometer irregularidades con sus trabajadores.