Los cuestionamientos a las bases de la nueva licitación de la basura de Punta Arenas

Quedan exactamente 22 días
para que la unidad técnica del municipio de Punta Arenas,  encargada de la revisión de la licitación de
la recolección de residuos,  abra los
sobres con las ofertas.

La licitación
2355-19-LR15, “Concesión del servicio de recolección y transporte de residuos
sólidos domiciliarios y limpieza de zarpas, soleras y equipamiento comunal de
Punta Arenas”, publicada  en el portal
Mercado Público el pasado 4 de diciembre, abrió una de las competencias más
duras entre los empresarios. Lo que está en juego no es menor, ya que el
municipio local posee un presupuesto anual de 
casi $ 2 mil 200 millones para ejecutar en 6 años el grandioso contrato.

De acuerdo con el
itinerario de la licitación, la contratación de los servicios de recolección de
residuos domiciliarios y públicos, sólidos, voluminosos, además de la limpieza
de zarpas y soleras, mantención y limpieza de monumentos y paraderos de buses,
quedará firme el próximo 17 de febrero. Eso sí, para ello una de las ofertas
presentadas debe obtener la mayoría absoluta del Concejo Municipal, luego de
que el propio alcalde Emilio Boccazzi haga la propuesta al pleno para obtener
el visto bueno, según establece el Manual de Procedimiento de Adquisiciones de
la Municipalidad de Punta Arenas.

El contrato para la
recolección de basura domiciliaria tendrá una extensión de seis años, a partir
del 2 de mayo de 2016, y el 2 de diciembre de 2016, se iniciará para el
servicio de limpieza de zarpas, soleras y equipamiento comunal.

 

Objeciones

De acuerdo con lo
informado a Pingüino Multimedia, la redacción de la licitación y su proceso en
general, ya estaría siendo objetada por las empresas regionales que tienen
interés en presentarse a esta millonaria licitación.

En este sentido, el actual
gerente de la empresa Transportes Carlos Estrada, contratada para el barrido de
las calles en Punta Arenas tiene su propio análisis.

El empresario dice que
“una de las cosas más importantes es que acá están licitando dos contratos; uno
de la recolección de basura y el otro el barrido de calles, que es una cosa
bien curiosa, porque cualquier organismo público tiene que velar por una amplia
oferta de oferentes”, señala y agrega que “al aglutinar dos contratos están
dejando muchas empresas pequeñas que podrían aglutinar con contrato del barrido
de calles, pero acá lo aglutinan con tremendo contrato”, aseveró.

“¿Cuál es la razón para
hacer dos bases distintas, dos contratos distintos, con una diferencia de siete
meses?”, señala Estrada.

El inciso D del documento
de licitación, indica que se valorará con 15 puntos, la experiencia del
oferente y textualmente dice:  “La
experiencia del oferente se evaluará en función del monto del total en pesos
chilenos de los contratos en ejecución o ejecutados, en los últimos 5 años
(contados desde el acto de apertura hacia atrás)”, la comprobación debe darse
en los rubros de transporte, logística y recolección de residuos domiciliarios.
“Para determinar la equivalencia de los contratos de los distintos oferentes se
utilizará la suma de todos los contratos en que demuestre participación, de
acuerdo con el monto de los contratos”, dice
el documento.

Sobre
ello, Estrada reflexiona: “En lo que se refiere al barrido de calles, nosotros
hemos ejecutado este contrato por tres periodos consecutivos, o sea tenemos 18
años de experiencia, sin embargo para la Municipalidad de Punta Arenas, que
define experiencia como el monto facturado, Servitrans que nunca ha ejecutado
este tipo de contrato tendría más experiencia que nosotros. A pesar de que
nosotros llevamos 18 años de experiencia real, pero ellos (el municipio),
reinventan la palabra experiencia y la definen como la cantidad de dinero
facturado por un contrato similar”, dice.

Consultado
sobre si hará alguna consulta respecto de la licitación, Estrada señala que
“sí, estamos en eso. Estamos estudiando”.

 

Curiosidades

La
licitación se dio a conocer en el portal Mercado Público el 4 de diciembre,
aunque no se han publicado en diarios regionales, nacionales e internacionales,
como sugiere el procedimiento de adquisiciones que regula la Ley 19.886 de
Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y el
Manual de Compras Públicas.

Sobre
esto Estrada manifiesta que “no se ha publicado en la prensa, da la sensación
que la municipalidad no quiere que haya muchos oferentes”.

Por
el equipamiento comunitario complementario, 
la licitación solicita que el oferente integre a su oferta técnica “10
mil lutocares o contenedores de 120 litros mínimo, color verde o amarillo de
plástico con tapa y con logo municipal”, los que serán puestos a disposición
del  municipio, en lugares a convenir.

“Un
lutocar vale
$ 25.000 y entonces estamos hablando de $ 250 millones, y ¿Para qué? tiene
fines electorales, igual que las bolsas de basura”, puntualiza.

“Me
parece grave lo excluyente que son las bases, tiene muchas barreras de entrada,
no hay una empresa regional que pueda participar con posibilidades”, dice.

Estrada
agrega que “esta  es una oferta acotada,
(en lo que se refiere al servicio requerido), y que es lo que debe estar en
juego  es 
la oferta económica. Lo que dice el Tribunal de  Compras Públicas indica que las bases de la
licitación deben acotar el servicio de tal manera que todas las ofertas
técnicamente sean similares”.

El
empresario es más enfático y agrega que “tradicionalmente como son las
ponderaciones en las licitaciones en Chile, un 85% a la oferta económica y el
15%  a la remuneración de los
trabajadores. Pero qué es lo que hace esta municipalidad, es cambiar la pauta
de evaluación y le da puntaje a la empresa que tiene más capital, le da puntaje
a al empresa que factura más, le da puntaje a la empresa que es sociedad
anónima y que es auditada por una empresa inscrita en la Superintendencia de Sociedades
Anónimas. Entonces qué es lo que está haciendo el municipio está encareciendo
el contrato”. expresó.

 

Discriminación

Las
bases, en su página 8, dicen respecto del “Comportamiento Fi
nanciero”, de los oferentes
que “el documento que certifica este ítem es el balance 2014, auditado y
certificado por las empresas auditoras externas acreditadas en la
Superintendencia de Sociedades Anóminas”, en relación a la evaluación que se
realizará sobre los indicadores de liquidez, endeudamiento y rentabilidad.

Sobre
ello Estrada opina: “¿Sabe cuántas empresas han hecho auditorías externas para
empresas de sociedades anónimas? Ninguna, esto (las bases), están hechas para
sociedades anónimas, para grandes empresas, por lejos, acá no hay un sentido
regionalistas, o tratar de favorecer a las pymes o a las medianas empresas a la
industria local. Con esto se están excluyendo al cien por ciento de las
empresas locales.

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