Las acciones cautelares señalan las ilegalidades de que se haya aprobando la hidroeléctrica pese a que falta un estudio esencial.
Esto debido a que el proyecto amenaza especies protegidas, como el Huemul y por el daño que se pueda generar al Parque Nacional Laguna San Rafael. Además de los excesivos impactos demográficos no evaluados.