El fiscal Felipe Aguirre dijo en la audiencia de formalización de cargos que “en 19 días cometió más de 30 delitos”. A esto se agrega un pre informe de la Contraloría Regional que llegó a manos del fiscal y que, al parecer daría cuenta de una defraudación por más de $ 35 millones.
La investigación la inició el fiscal a partir de la denuncia que hiciera el propio alcalde de Laguna Blanca, Ricardo Ritter, con posterioridad a un informe que recibió del director de Administración y Finanzas. Posteriormente, el propio funcionario involucrado reconoció su participación en la millonaria malversación. Producto de esto, la Contraloría envió dos funcionarios e inició su propia investigación.
El fiscal pidió la prisión preventiva, argumentando que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y que podría protagonizar una eventual fuga, sin embargo el juez Pablo Miño rechazó la petición y le impuso a Téllez la obligación de firmar diariamente en la fiscalía y el arraigo regional. Aguirre anunció que apelará lo resuelto por el juez a la Corte de Apelaciones.