Sólo 16 de los 101 Centros de Formación Técnica (CFT) e
Institutos Profesionales (IP) en todo Chile están constituidos como fundaciones
sin fines de lucro. De ellos, apenas la mitad están acreditados y, así, cumplen
con los requisitos para ser considerados en el acceso a la gratuidad en la
educación superior, tal como lo ha planteado, hasta ahora, el Gobierno de la
Presidenta Michelle Bachelet.
De ellos, ninguno está en la Región de Magallanes. En la
zona más austral del mundo, sólo prestan servicios los CFT e IP ligados al Sistema Educacional Santo Tomás y a Inacap. Ambas
instituciones acreditadas, pero ambas constituidas como sociedades comerciales.
Adicionalmente, la
Universidad Tecnológica Inacap tampoco
cumple con los requisitos impuestos, hasta ahora, por el Ministerio de
Educación (Mineduc), puesto que, pese a tener acreditación y recibir recursos
fiscales, no pertenece al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas
(CRUCh).
Con ello, serán casi cuatro mil los estudiantes que, el
próximo año, cuando el Estado financie los estudios del 60% más vulnerable de
algunas instituciones, quedarán sin la posibilidad de acceder al beneficio.
Se trata de unos 2.500 alumnos que actualmente asisten a
Inacap en sus diferentes modalidades, cerca de 500 de ellos en la universidad
tecnológica, más otros 1.400 que optaron por el Sistema Educacional Santo
Tomás.
Cuestionado por la situación a nivel nacional, el Gobierno
ha negado la posibilidad de que los CFT e IP pasen a ser fundaciones a través
de una ley corta.
“Tenemos una cierta cantidad limitada de recursos. Sin duda
que hacia 2017 y 2018 se van a seguir incorporando las otras (universidades) y
los CFT que hoy son sociedades con fines de lucro que se quieran transformar;
obviamente tendrán cabida en los años sucesivos, pero tenemos una cantidad
limitada de recursos y si tironeamos mucho el billete, al final se termina
rompiendo”, declaró el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, a diario El
Mercurio.