Según indicaron, fuentes al interior del Ministerio de Educación les informaron que, en total, 139 mil estudiantes no se sumaron al programa impulsado por el Ejecutivo a raíz de las movilizaciones.
La cifra fue revelada momentos antes de que la Contraloría se pronuncie respecto a la legalidad de este plan, que para Quintana se trata “más de una solución administrativa que de una política pública de educación”.
A juicio del presidente de la Comisión de Educación del Senado, “uno pudiese pensar que el Gobierno quiere castigar con la repitencia a los alumnos por movilizarse”.
Gómez, por su parte, anunció que la oposición rechazará el inciso tercero del proyecto de ley destinado a pagar las subvenciones a los establecimientos que tuvieron suspendidas sus clases por las manifestaciones estudiantiles, ya que consideran que obliga a hacer repetir de curso a quienes no se inscribieron en este plan.
En tanto, de acuerdo a lo consignado por Radio Bío Bío, el presidente del Centro de Padres y Apoderados del Instituto Nacional, José Martín Silva, recalcó que “este plan lo único que contribuyó a nosotros como comunidad escolar fue a dividirnos, entre los que se querían inscribir y respecto a los que no se quieren inscribir”.