Siete son los facilitadores que participarán en el proceso constituyente en la Región de Magallanes. Algunos de ellos fueron funcionarios públicos, situación que no los inhabilita en ser parte de la iniciativa que la semana pasada vio la luz y el Gobierno le diera el vamos.
Se trata del radical y contador público y auditor Giovanni Orlando Torteroglio Suazo quien será coordinador y quien se desempeñó como director del Trabajo en 2010 renunciando en forma voluntaria a ese cargo en 2011, con anterioridad se desempeñó como jefe de la Agencia Regional del Instituto de Seguridad Laboral de Magallanes y Antártica Chilena, a partir del 2009, aunque ingresó como funcionario de esa repartición del Estado en 2007.
La ingeniera agropecuaria, Mariela Cristina Valdebenito Díaz es otra de las coordinadoras territoriales. La profesional fue acreditada en 2011 por el Servicio Agrícola y Ganadero como operadora y deberá trabajar junto a la asistente social de la Arcis, Evelyn Jimena Gutiérrez Amayo, en el proceso que busca el cambio de la constitución. Gutiérrez fue en 2012 Jefa de Gestión y Administración en Departamento de Educación de San Francisco de Mostazal, en Cachapoal, Región del Libertador Bernardo O’Higgins.
Como especialistas en sistematización del diálogo fueron seleccionadas Carolina Vanessa Rivera Vega, Alba Luz Aravena Álvarez y Viviana Janet Bazán Cárcamo.
Rivera es ingeniero comercial y en 2015 fue parte de “Servicio País” cuya misión fue reforzar a los pescadores artesanales y a las localidades rurales de Dorotea y Puerto Edén.
Aravena Álvarez es ingeniera en ejecución en computación e informática y se desempeñó en la Unidad de Políticas Públicas desde 1 de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre en el Gobierno Regional de Magallanes. Se desempeñó no sólo en políticas públicas, sino que también en comunicaciones en 2011.
Bazán en socióloga y en abril de 2009 registra haber sido parte de la Comisión Nacional de Investigación en Ciencia y Tecnología (Conicyt), por cuyos servicios laborales percibió $ 952.000, en tanto que desde febrero a diciembre de 2013, percibió $ 1.000.000 por honorarios brutos en la Subsecretaría de Servicios Sociales, donde debía “detectar las barreras de acceso de las personas y familias a la oferta social y gestionar acciones que permitan disminuirlas.”, según Transparencia.
Mientras que los especialistas legales Silvana Alejandra Catalán Vergara y Rodrigo Patricio Muñoz Miranda, ambos de profesión abogados, fueron parte de los siete profesionales elegidos de entre 643 postulaciones en Magallanes.
Con ello, se inició a nivel país el proceso de la reforma constitucional llevada adelante por el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, cuya iniciativa pretende ser participativa y ciudadana pese a las objeciones de la oposición en la elección de los facilitadores y el perfil de profesionales que se necesita para esta reforma.
Proceso
A nivel nacional el proceso abierto para cubrir los 216 cupos para los facilitadores de los Cabildos Ciudadanos culminó con más de 21 mil postulaciones; en el caso de la Región de Magallanes, el proceso para la reforma constituyente cerró con 643. El Gobierno, dentro de su Reforma Constituye, abrió la convocatoria entre el 24 de enero y el 12 de febrero en el sitio del Servicio Civil.?El proceso permitió la selección de 216 facilitadores, 42 de ellos corresponderán a nivel central, quienes tendrán la función de apoyar los procesos específicos y las programaciones provinciales; y 162 conformarán equipos de tres facilitadores en cada una de las 54 provincias del país.?Según el organismo, del total de postulaciones recibidas, un 48% fue para la función de coordinador territorial de facilitación de diálogos y facilitador líder; un 35% para especialista en sistematización de diálogo y un 17% para especialista legal. El proceso será de cinco meses corridos y la renta bruta para todo el período de ejercicio es de $ 3.800.000 para la función de coordinador territorial y facilitador líder y de $ 3.338.067 para el especialista legal y especialista en sistematización de diálogo.