El Congreso peruano aprobó este domingo una reforma constitucional que elimina la inmunidad para los parlamentarios y el presidente, luego de que el gobierno anunciara un referéndum en 2021 sobre ese asunto.
“Pleno Virtual aprueba la reforma constitucional que elimina la
inmunidad parlamentaria y reduce otras prerrogativas; alcanza al
presidente de la República, ministros de Estado y otras altas
autoridades”, indicó el Congreso en Twitter.
El presidente peruano, Martín Vizcarra, había anunciado más temprano
que en 2021 sometería a un referéndum su propuesta de reforma para
eliminar la inmunidad parlamentaria, luego de que el Congreso rechazara
aprobarla.
Tras el anuncio, el Congreso en una nueva sesión virtual aprobó -con
110 votos a favor, 13 en contra y 0 abstenciones- la reforma
constitucional que elimina la inmunidad para los parlamentarios y altos
funcionarios públicos, como presidente y ministros.
Con la nueva votación, el Congreso estableció también que el
presidente puede ser acusado por delitos contra la administración
pública cometidos durante su mandato o con anterioridad.
Según detalla Radio Francia Internacional,
la reforma modifica, entre otros, el artículo 99 señalando que
corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso al
presidente de la República, a los congresistas y a los altos
funcionarios por saltarse la Constitución y por todo delito que
cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de
que hayan cesado en estas.
El artículo 117 prevé que el presidente puede ser acusado durante su
mandato por traición a la patria, por no dejar que se convoquen
elecciones, por disolver el Congreso, a excepción de los casos previstos
en la Constitución, o por impedir su funcionamiento. La reforma de la
Constitución debe ser ratificada en la próxima legislatura que se inicia
en unos días.
Ratificación pendiente
El presidente del Congreso, Manuel Merino, anunció luego que la
reforma constitucional deberá ser ratificada en la siguiente
legislatura, que empezará el lunes.
Más temprano, en un mensaje a la nación, Vizcarra había anunciado que
sometería a referéndum la reforma sobre la inmunidad parlamentaria.
Que “el pueblo peruano, libre, democráticamente, en las urnas, decida si
esta prerrogativa debe mantenerse o debe ser eliminada”, dijo.
El mandatario anunció que la consulta popular se realizaría durante las elecciones generales de 2021, cuando los peruanos elegirán presidente, congresistas y parlamentarios.
El presidente lamentó que el Congreso no hubiera podido aprobar el
sábado, en una primera sesión virtual, la reforma constitucional al no
haber alcanzado los 87 votos requeridos para modificar el artículo 93 de
la Constitución Política sobre la inmunidad parlamentaria. Ese día
obtuvo 82 votos a favor, 14 en contra y 25 abstenciones.
“El ejecutivo hará todo lo que esté a su alcance para no negarle al
país de tener autoridades probas, comprometidas con el país y no con sus
propios intereses”, aseveró Vizcarra.
“Cruzada anticorrupción”
Vizcarra lanzó su cruzada contra la corrupción en 2018, pocos meses después de asumir el poder en sustitución del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, forzado a renunciar por el fujimorismo.
La corrupción es uno de los males de Perú y cuatro expresidentes,
entre ellos Kuczynski, están salpicados por el escándalo de pagos
ilegales a políticos por parte del gigante brasileño de la construcción Odebrecht, lo mismo que la lideresa opositora Keiko Fujimori.
Tras recurrentes choques de poderes, Vizcarra disolvió el Congreso el pasado 30 de septiembre
y convocó a nuevos comicios legislativos, efectuados el 26 de enero, en
los que el fujimorismo recibió un voto castigo y pasó de su mayoría de
73 escaños (de un total de 130) a solo 15.
Alerta del procurador anticorrupción
La reforma constitucional fue duramente cuestionada por el procurador
anticorrupción Amado Enco, quien advirtió riesgos de que ésta no sirva a
su propósito, fortaleciendo la impunidad para los parlamentarios.
Ante el medio peruano La República
enfatizó en el segundo párrafo del texto, el cual indica que “(Los
congresistas) no son responsables ante autoridad ni órgano
jurisdiccional algunos por las opiniones y votos que emiten ni por las
acciones legislativas, de representación, de fiscalización, de control
político u otras inherentes a la labor parlamentaria”.
Alertó en este sentido que dejar la expresión “otras inherentes a la
labor parlamentaria” en un texto abierto da lugar a interpretaciones que
pueden derivar en impunidad.
El texto, sostuvo, significa “darle mayor protección a quienes, con
el pretexto de sus funciones parlamentarias, pueden incurrir en delitos
como tráfico de influencias o patrocinio ilegal de intereses de
particulares”.
También cuestionó el tercer párrafo, que reza “Los procesos penales
contra congresistas por delitos comunes cometidos durante su mandato son
de competencia exclusiva de la Corte Suprema de Justicia”, por cuanto
dejaría fuera los “delitos especiales”.
“Los delitos contra la administración pública son especiales por la
condición de los funcionarios públicos y no le alcanzaría esa expresión
de los delitos comunes”, expuso.
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