La corrupción en
América Latina, que alcanzó públicamente hace poco las más altas esferas
políticas de Chile y Brasil, debe erradicarse de raíz so pena de ahuyentar a
los inversores interesados en esta zona, que necesita una inyección de capital
para volver a dinamizar su crecimiento, estiman expertos.
“Las instituciones
están perdiendo su brillo, la calidad que deberían tener”, advirtió Eduardo
Leite, presidente del comité ejecutivo del gabinete internacional de abogados
Baker & McKenzie en Estados Unidos, durante el Foro Económico Mundial para
América Latina celebrado esta semana en el caribe mexicano.
La popularidad de la
presidenta Michelle Bachelet, se desplomó a su mínimo histórico a raíz de un
millonario negocio inmobiliario que concretó su hijo mayor, Sebastián Dávalos,
ahora acusado de “uso de información privilegiada” y “tráfico de influencia”.
A esto se suman
financiamientos ilegales de campañas políticas que involucran a dos de los más
importantes grupos económicos del país, Penta y la minera Soquimich.
La mandataria de
Chile -considerado uno de los países menos corruptos de América Latina-
presentó un paquete de medidas anti corrupción para sortear la crisis, incluida
una renovación en su gabinete.
En Brasil, la
petrolera estatal Petrobras también enfrenta una crisis tras la develación de
una red de corrupción que durante una década asoció a políticos, directivos y
empresarios de primer nivel para desviar fondos públicos con el objetivo de
financiar partidos del oficialismo y engrosar fortunas personales.
Esa maquinaria de
corrupción, que implica al partido de la presidenta Dilma Rousseff, llegó a
mover unos 4.000 millones de dólares, según la policía.