La
Corte Suprema argentina anuló un beneficio que reducía las penas a los
condenados por violaciones a los derechos humanos durante la última
dictadura militar que generaba un fuerte rechazo social en el país.
El
máximo tribunal consideró en un fallo que es inaplicable el beneficio
conocido como “dos por uno”, que permite reducir las penas al computar
doble los días en prisión preventiva sin condena firme.
El fallo se
aplicó al caso del exagente de inteligencia Rufino Batalla, condenado a
13 años de prisión por su responsabilidad en la muerte de decenas de
disidentes durante la dictadura de 1976 a 1983, entre ellos Laura
Carlotto, hija de Estela de Carlotto, titular de la organización
humanitaria Abuelas de Plaza de Mayo.
Batalla está sin sentencia firme y
fue liberado en 2017, generando numerosas reacciones. Cuatro jueces del
alto tribunal votaron a favor y solo el presidente Carlos Rosenkrantz
lo hizo en disidencia. Con su decisión el máximo tribunal deja sepultada
la posibilidad de aplicar el beneficio del “dos por uno” a los
condenados por violaciones a los derechos humanos.
El gobierno valoró
positivamente la resolución. “Impide otorgar el beneficio del dos por
uno para casos de delitos de lesa humanidad. El fallo coincide con
nuestra posición de permanente rechazo en este tema. En la Argentina que
queremos no podemos avalar atajos en favor de nadie”, dijo el
secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, en su cuenta de Twitter.
Activistas de derechos humanos, partidos políticos y organizaciones
sociales celebraron la decisión de la corte. La organización HIJOS de
desaparecidos durante la dictadura afirmó que “la Corte le dijo no al
2×1 al genocida Batalla” y consideró que el voto en contra de
Rosenkrantz -fue “de espaldas al pueblo”. “La movilización y el
contundente rechazo social hicieron efecto”, destacó en tanto la
diputada opositora Mónica Macha. De Carlotto dijo días atrás que en caso
de que la Corte avalara el beneficio del “dos por uno” sería un
“escándalo”. La titular de la organización, que busca a los hijos de
desaparecidos sustraídos por los militares, se refirió a Batalla como un
“criminal que no se arrepiente ni confiesa”.
El ex agente civil de
inteligencia del Ejército fue detenido en 2011 y condenado tres años
después. Los magistrados que votaron a favor destacaron que el derecho
internacional impone al Estado argentino la persecución de los delitos
de lesa humanidad y la aplicación de penas proporcionadas a su gravedad.
Durante la dictadura fueron asesinadas o desaparecieron más de 7.600
personas, según cifras oficiales, aunque los organismos de derechos
humanos sostienen que fueron 30.000.