Argentina alcanzó in extremis un acuerdo con sus acreedores para reestructurar deuda por unos 66.000 millones de dólares, que alejan al país de las consecuencias de un default.
Es un “alivio significativo” en el servicio de la deuda, señaló el
Ministerio de Economía en un comunicado emitido este martes, pocas horas
antes del vencimiento del plazo establecido por el Ejecutivo para
adherir a la oferta.
El tiempo para cerrar los detalles de la nueva propuesta aceptada por los acreedores será de 20 días, hasta el 24 de agosto.
Luego de meses de difíciles negociaciones en medio de la pandemia de covid-19,
Argentina acordó con “el Grupo Ad Hoc de Bonistas Argentinos, el Comité
de Acreedores de Argentina y el Grupo de Bonistas del Canje y otros
tenedores” la reestructuración de unos 66.000 millones de dólares de
deuda en bonos emitidos bajo legislación extranjera, añadió el gobierno.
Estos grupos representan a más de la mitad de los titulares de estos bonos.
Las partes, que hasta el lunes se mostraban firmes en sus posiciones,
cedieron en varios puntos. La oferta formal de Argentina presentada
ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), contemplaba el pago
de unos 53,5 dólares por cada 100 de deuda, mientras que los acreedores
exigían unos 56,5 dólares por cada 100.
El nuevo planteamiento coloca la recuperación por encima de los 54
dólares por cada 100, y mejora los plazos de pago, explicó una fuente
oficial a la Agence France-Presse.
La mejora se consiguió “adelantando los pagos y sin ceder en el
beneficio económico”, destacó a la AFP el analista Sebastián Maril.
“El tema económico está solucionado, falta ver los aspectos legales en detalle”, añadió.
El default, un riesgo para todos
El Gobierno aceptó adelantar las fechas de pago en los nuevos bonos
al 9 de enero y el 9 de julio de cada año, en lugar del 4 de marzo y el 4
de septiembre como estipulaba la propuesta original, y también corrió
el vencimiento de los títulos que serán emitidos para cubrir los
intereses devengados en estos meses.
La oferta argentina abarca bonos de 2005 y 2010, fruto de una
anterior reestructuración de deuda, y también otros emitidos a partir de
2016.
En el caso de los bonos de 2016 en adelante, los tenedores de al
menos 66,5% de la deuda debían adherirse a la oferta oficial para que el
canje fuera válido. En los de 2005 y 2010 el total de votos necesarios
se elevaba a 85%.
A lo largo de más de cuatro meses de negociaciones, tanto el gobierno
como los acreedores han insistido en que desean evitar las
consecuencias de un prolongado default, en el que ya Argentina incurrió
el 22 de abril al no pagar intereses.
Cinco de los bonos sujetos al canje se encuentran en cesación de pagos, pues Argentina incumplió con la cancelación de intereses por 500 millones de dólares en abril y otros 600 millones la semana pasada.
Esa mora permitía a los fondos de inversión que detentan esos bonos
acudir a los tribunales en Nueva York para solicitar el pago de la
deuda.
Aunque Argentina perdió su acceso a los mercados internacionales hace ya dos años,
lograr un acuerdo era clave para el país, que se propone negociar un
nuevo programa financiero con el Fondo Monetario Internacional, tras el
que suscribió en 2018 por 57.000 millones de dólares, de los que recibió
44.000 millones.
Tercera economía de América Latina, Argentina se encuentra en recesión desde 2018 y
su economía sufrirá aún más este año debido a la pandemia del
coronavirus, con una contracción de 9,9% del Producto Interno Bruto,
según la más reciente previsión del FMI.
El país cerró 2019 con una pobreza estimada en un 35% y una inflación en más del 50% anual.
Argentina debe resolver además la situación de la deuda emitida bajo
legislación nacional, de unos 41.700 millones de dólares, con pagos
diferidos hasta el 31 de diciembre de 2021, para la que el gobierno de
Fernández ofreció condiciones equitativas a las que acuerde con los
bonistas internacionales.
AFP – Matías Vega