-Estoy muy mal, me tratan como delincuente, no hay humanidad (…)
—Es muy difícil, por eso sugiero submarinearse. Y luego volver a restituir tu honra. La prensa solamente te va a usar para el rating.
Susana Herrera, exembajadora de Chile en Reino Unido, presentó una inédita demanda laboral contra el fisco luego de que se viese forzada a renunciar en agosto de este año en medio del “caso Convenios”.
En el libelo —al que accedió la Unidad de Investigación de BioBioChile— la arquitecta y diseñadora de interiores no sólo solicita una indemnización equivalente a 190 millones de pesos chilenos, sino también disculpas públicas de la Cancillería y que éstas sean notificadas a la monarquía británica.
En un documento de 110 páginas, Herrera acusa haber sufrido una afectación a su integridad física y psíquica, además de una vulneración a sus derechos fundamentales por parte del ministerio liderado por Alberto Von Klaveren Stork.
Todo ello, luego de que la repartición solicitara su salida “a pesar de no estar acreditada una eventual responsabilidad en los hechos denunciados” y pese a que —afirma— la totalidad de los detalles del cuestionado proyecto estaban en conocimiento de la propia Cancillería.
“Egotismo aquí no”
En su escrito, la exdiplomática sostiene que los problemas comenzaron con la llegada de Van Kleveren al Ministerio de Relaciones Exteriores en reemplazo de Antonia Urrejola; además del arribo de la subsecretaria de RREE, Gloria de La Fuente.
Herrera acusa, por ejemplo, haber recibido un “trato inapropiado” y “discriminatorio” por parte del jefe de gabinete de esta última. Según denuncia, éste la reprendió severamente por el uso de sus redes sociales.
De acuerdo al documento, el asesor le recalcó que había recibido comentarios y mensajes negativos por parte de la subsecretaria e incluso de la Presidencia. En buenas cuentas, le hicieron saber que sus posteos no habían caído bien.
—Egotismo aquí no —dice la exembajadora que le dijeron desde el otro lado del teléfono.
De dónde vienen las críticas
En la oportunidad, la entonces embajadora planteó a su contraparte la posibilidad de que los dichos podrían tener su origen en los ácidos tuiteos de Paulina Astroza. La profesora de la Universidad de Concepción es una asidua usuaria de X, quien había expresado públicamente sus críticas en contra de Herrera.
“Ella previamente había manifestado su descontento por no haber sido asignada a ninguna embajada y ahora se dedicaba exclusivamente a criticar al gobierno”, fustiga el escrito de Herrera.
Y prosigue: “(El jefe de gabinete) no niega que dicha publicación parece haber sido el fundamento de su llamada, lo que generó en nuestra mandante una profunda sensación de injusticia, sintiéndose coartada en su libertad de expresión y siendo injustamente cuestionada por una apreciación de un tercero que generó el llamado de atención”.
La demandante apunta así a la falta de directrices en cuanto al uso de redes sociales al interior del gobierno. Esto, porque —apunta— no existe una política explícita que le prohibiera usar dichas plataformas libremente. Especialmente en relación a “las actuales generaciones, a las que pertenecen los actuales S.E. Presidente de la República y buena parte de los ministros y subsecretarios”.
El libelo también arroja luces respecto del polémico proyecto de 5 millones de dólares que Susana Herrera había gestionado frente el Gobierno Regional del Bío Bío, una de las reparticiones públicas más golpeadas por el “caso Convenios”.
Un artículo de La Tercera apuntó que la iniciativa había sido frenada por la Cancillería. Sin embargo, en su demanda, Herrera sostiene que fue ella quien puso pausa a su tramitación sin que el ministerio tuviera injerencia en aquello. Es más, sostiene que todos al interior de la secretaría de Estado estaban al tanto de sus esfuerzos para acercar a Chile con instituciones vinculadas a la monarquía británica.
En el documento, Herrera insiste que el origen de las tratativas se remontan a octubre de 2022 cuando presentó sus credenciales al rey Carlos III, quien entonces “mostró gran interés en nuestro país, sugiriendo que se estableciera un contacto con sus fundaciones”.
Desde entonces y en todo momento —subraya— se “apoyó de los equipos diplomáticos de la embajada para realizar las gestiones relativas al cuestionado proyecto”. En esa línea, agrega que solicitó expresamente las orientaciones para proceder correctamente en la materia. E, incluso, argumenta que la minuta de trabajo de la iniciativa y la carta con la solicitud de fondos enviadas al gobernador regional del Bío Bío fueron remitidas vía mensajes privados al propio Minrel. Sobre esta última, Herrera cuestiona que haya sido filtrada desde el interior de la Cancillería.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores siempre estuvo informado sobre estas gestiones, no existiendo indicaciones por parte de ninguna autoridad en orden a desistir de las gestiones realizadas o ajustarse a algún protocolo en especifico”, añade.
Según narra, fue ella, de iniciativa propia, quien decidió detener las gestiones con el GORE, puesto que en suelo criollo ya había explotado el escándalo de Camila Polizzi, los desembolsos en favor de la Fundación Horizonte Ciudadano de Michelle Bachelet y el traspaso de dinero a la cuñada del alcalde de Coronel, Boris Chamorro.