Los
gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile,
Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, miembros
del Grupo de Lima, condenaron la detención del diputado opositor
venezolano Juan Requesens y la orden de captura de su par Julio Borges,
por parte de la administración de Nicolás Maduro.
Requensens
declaró bajo arresto haber tenido contacto con uno de los implicados en
el supuesto atentado contra Maduro. Mientras que Borges, quien se
encuentra en Colombia, fue acusado de estar detrás de los hechos.
A
través de una declaración pública, el Grupo de Lima indicó que “hacen un
exhorto urgente al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela
para que se conduzca una investigación independiente, exhaustiva y
transparente sobre el evento que tuvo lugar el 4 de agosto, durante los
actos de celebración del 81 aniversario de la creación de la Guardia
Nacional Bolivariana de Venezuela, con objeto de esclarecer los hechos
de manera imparcial, con pleno respeto del estado de derecho y de los
derechos humanos”.
Asimismo,
dijeron que “repudian cualquier intento de manipulación que se haga del
incidente ocurrido el 4 de agosto para perseguir y reprimir a la
disidencia política”.
Y aseguraron que “condenan y rechazan firmemente
la violación del debido proceso penal y de las normas internacionales en
materia de procuración de justicia y respeto de los derechos humanos,
durante la detención arbitraria, ilegal y sin investigación previa, del
diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Carlos Requesens,
así como la orden de captura emitida contra el diputado de la Asamblea
Nacional de Venezuela, Julio Borges, en abierta violación a sus fueros
parlamentarios y a las garantías e inmunidades previstas en la
Constitución”.
Con
ello, expresaron “su profunda inquietud por la utilización de las
instituciones de seguridad y procuración de justicia del Estado
venezolano para perseguir a los opositores políticos, lo que evidencia
una vez más la ruptura del orden democrático y el quebrantamiento de la
Constitución de ese país, contraria a la voluntad del pueblo
venezolano”.
Junto a ello, reiteraron “su profunda preocupación por la
situación de todos los presos políticos en Venezuela y exigen su
inmediata liberación, haciendo un urgente llamado a las autoridades
venezolanas para que se respeten las garantías y libertades políticas de
todos los ciudadanos venezolanos, así como la convocatoria de
elecciones libres, transparentes y democráticas”.