La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este jueves su “profunda preocupación” por la decisión del Gobierno de Perú de otorgar un indulto humanitario al ex Presidente Alberto Fujimori. En un comunicado emitido desde su sede en Washington, la CIDH, organismo autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), recordó que Fujimori fue “condenado a 25 años de prisión por graves violaciones a los derechos humanos”.
“El indulto presidencial es una potestad constitucional discrecional del Presidente de la República, pero debe estar regida por principios constitucionales y normas internacionales de derechos humanos”, subrayó la Comisión. En este sentido, la CIDH manifestó su “preocupación porque el indulto a Alberto Fujimori no cumple con requisitos legales fundamentales, como tampoco con elementos del debido proceso legal e independencia y transparencia de la junta de evaluación técnica”. A su juicio, “la participación del médico particular del sentenciado en la junta médica que realizó el informe que aconseja el indulto viola flagrantemente el requisito de independencia y objetividad de esta junta”.
Asimismo, señaló la nota, la decisión del Gobierno peruano “desconoce el principio de la proporcionalidad entre el perdón de la pena y la gravedad de los delitos de lesa humanidad”, y puede “resultar en una forma de impunidad”. Fujimori fue considerado autor mediato (con dominio del hecho) del asesinato de un total de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetradas por el grupo militar encubierto Colina, y por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer en 1992.
El indulto -aseveró el órgano de la OEA- “no toma en cuenta las particularidades de los crímenes de lesa humanidad, ni el derecho a la justicia de las víctimas y sus familiares”. “La CIDH rechaza el indulto a Alberto Fujimori, por tratarse de una decisión contraria a las obligaciones internacionales del Estado de Perú, y hace un llamado a que se adopten las medidas necesarias para restablecer los derechos de las víctimas que fueron afectados con esta decisión”, concluyó la Comisión.