Tal como lo
prometió el presidente Emmanuel Macron durante su campaña, el Parlamento francés
dio su aprobación a la llamada “Ley de confianza en la vida pública” que prohíbe
ofrecer cargos públicos a personas que posean relación de parentesco.
La nueva ley
castiga con 3 años de presidio y 45.000 euros de multa a quienes contraten a su
cónyuge, padres o hijos, además de la imposibilidad de volver a postular a
cargos públicos.
La polémica
comenzó durante las campañas presidenciales, cuando salió a la luz que su
contrincante, Francois Fillon, mantenía contratos vigentes para su esposa e
hijos, quienes cobraron durante años como “asistentes parlamentarios”, sin que
exista ningún registro de su participación en el sistema Legislativo.
Esta medida, que
pretende incrementar la cercanía entre el pueblo y sus gobernantes, elimina
también los fondos de “reserva parlamentaria”, que eran puestos a disposición de senadores y diputados para
ser repartidos arbitrariamente entre organizaciones y comunas. Todo con el fin
de disminuir las posibilidades de corrupción.
Llama la atención
que el propio autor de esta ley, el ministro de Justicia Francois Bayrou, debió
abandonar su cargo por supuestas
irregularidades vinculadas a asistentes de su partido. Y no fue el único, el ministro de
Cohesión Territorial, Richard Ferrand, quien fue la mano derecha de Macron
durante su campaña, también debió dimitir por sospechas que lo vinculan a
infracciones de esta ley.
Actualmente la
ley está siendo revisada, debido a que diputados del Partido Conservador solicitaran una evaluación por parte del
Consejo Constitucional por tratarse de una medida discriminatoria.