José María Tojeira sabe bien lo que es trabajar como jesuita en condiciones extremas en Centroamérica.
Este religioso escuchó una madrugada de 1989 los disparos de militares que masacraron a seis curas jesuitas y dos mujeres en la Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador, a unos 40 metros de donde él estaba.
Tojeira era el superior provincial de los jesuitas en Centroamérica y desde entonces reclamó justicia por esa matanza, por la cual en 2020 condenaron un coronel retirado a 133 años de cárcel en España y continúa un juicio abierto sobre los autores intelectuales.
Ahora el sacerdote tiene otra difícil misión: fue designado portavoz oficial de la Compañía de Jesús para la crisis que la orden del papa Francisco enfrenta en Nicaragua, donde el gobierno de Daniel Ortega les canceló una personería jurídica y confiscó varios bienes, incluida la UCA de Managua.
Tojeira observa similitudes entre esa forma de actuar y la que tuvo el gobierno salvadoreño en 1989, aunque sus signos ideológicos sean opuestos y los contextos diferentes.
“El modo violento” y “la mentira es un punto de coincidencia impresionante”, compara Tojeira en una entrevista con BBC Mundo.
Lo que sigue es una síntesis del diálogo telefónico con este teólogo y exrector de la UCA de El Salvador nacido en España:
¿Qué implica la decisión del gobierno de Nicaragua de cancelar la orden de los jesuitas en el país y confiscar sus bienes?
No han cancelado totalmente la orden. Es decir, han cancelado una de las varias personerías jurídicas que tiene nuestra orden, que acuerpaba dos inmuebles: uno donde vivían los jesuitas que trabajaban en la UCA y una casa para becados que no tenían dónde quedarse.
Esa persona jurídica también se utilizaba para traspasar dinero de la curia provincial a Nicaragua para atender a jesuitas ancianos en la enfermería. Hemos tenido que sacar ya algunos enfermos de Nicaragua porque no podíamos darle la atención adecuada allí.
Esto entra en los ataques sistemáticos a la iglesia y a aquellos sectores de iglesia que se han expresado críticamente sobre el gobierno sandinista.
¿Entonces esto no implica el cierre de operaciones de la Compañía de Jesús y con las otras personerías jurídicas pueden seguir operando por ejemplo los colegios jesuitas en Nicaragua?
Exactamente. Tenemos dos colegios en Nicaragua: Centroamérica y Loyola. Cada uno tiene su propia personería jurídica. Entonces los jesuitas siguen trabajando allí.
Lo mismo pasa con Fe y Alegría, una cadena de escuelas y bachilleratos populares que generalmente se construyen en barrios marginales y zonas rurales empobrecidas. Tiene como unas 20 escuelas e institutos que siguen trabajando normalmente.
¿Hasta qué punto los jesuitas están dispuestos a permanecer en Nicaragua en este contexto?
La decisión nuestra es permanecer en Nicaragua, salvo que nos expulsen. Hasta ahora no ha habido una orden de expulsión.
Creemos que tenemos a nivel popular una demanda fuerte de apoyo, evangelización, educación y ayuda en lo que podamos hacer. Y vamos a seguir.
El argumento del ministerio de Gobernación de Ortega para cancelar la personería jurídica el miércoles fue que la Compañía de Jesús en Nicaragua no informó sobre sus estados financieros de los últimos tres años. ¿Qué responden?
Eso de entrada nos da siempre un poco de risa, porque era algo que ya preveíamos.
Todos los años vamos puntualmente a presentar la información que hay que presentar. Pero, en el caso de esta personería jurídica, se negaban sistemáticamente a recibir la información.
Y cuando pedíamos constancia de que no querían recibirla o una causa de por qué, nos decían: “No la recibimos, punto”. Después salen diciendo que no estaba al día esa información. Es lógico, si no la reciben es imposible.
Había una posición tomada de antemano creo de mantener en la vulnerabilidad y la duda a nuestras instituciones.
¿Qué pasos piensan seguir ahora los jesuitas frente a estas confiscaciones del gobierno nicaragüense?
Estamos estudiando la posibilidad de algún reclamo en instituciones internacionales, llámese la ONU en la parte de Derechos Humanos o la OEA en América Latina.
Creemos que ha sido una medida arbitraria e irregular. Entonces estamos estudiando con abogados la posibilidad de hacer un reclamo internacional pidiendo la devolución de lo confiscado.
¿Creen que puede prosperar un reclamo así?
En general los estados muy autoritarios no le hacen caso a la ONU o a la OEA. Pero sí creemos que es importante que conste una opinión fundada e independiente de cómo ha sido el procedimiento de confiscación.
No puede ser que una violación de derechos o una ofensa a una institución se haga con una acusación falsa y quede ahí nada más.
Las instituciones internacionales por lo menos ayudan a dejar sentada la verdad. Y posteriormente, porque esta dictadura no va a ser eterna, se pueden hacer reclamos sobre algo que tiene fundamento legal.
¿Qué significó la confiscación de la Universidad Centroamericana de Nicaragua para los jesuitas?
En esa universidad llevábamos más de 60 años trabajando. Ha significado mucho esfuerzo de jesuitas, laicos y personas interesadas en mejorar la cultura.
Los grandes poetas más contemporáneos de Nicaragua nacieron vinculados a la UCA, dentro de la gran tradición poética que hay en el país a partir de Rubén Darío.
Es una universidad que ha producido conocimiento y creado cultura, muy abierta a la responsabilidad social.
Quitarla así de repente nos parece profundamente injusto. Nos duele sobre todo porque creemos que le hacen daño a Nicaragua.
(BBC News Mundo).