El
juez federal argentino Claudio Bonadio, presentará ante el Senado de su
país una petición de desafuero contra la expresidenta y actual senadora
Cristina Fernández, en el marco de la investigación por el presunto
pago de sobornos durante los gobiernos kirchneristas de parte de
empresas constructoras y energéticas, en lo que se conoce como el caso
de “los cuadernos de las coimas” o el posible “Lava Jato” trasandino.
Según
informan medios locales, se trata de la segunda vez que Bonadio pide el
desafuero de Fernández, aunque la primera solicitud, hecha en el marco
de la indagatoria por encubrimiento en el atentado a la mutual judía
AMIA, no prosperó en la Cámara Alta.
En estos momentos, la exmandataria
está citada a declarar como acusada el próximo 13 de agosto, en vista de
que su esposo, el fallecido expresidente Néstor Kirchner, habría
recibido los pagos ilícitos en su departamento en Buenos Aires, donde
ella aún vive. La medida, aseguran, busca ponerle presión al Congreso.
El diario La Nación recalca que actualmente, como Fernández tiene fuero,
no puede ser llevada a declarar en tribunales por la fuerza pública si
no se concreta el desafuero, ni tampoco se puede allanar su casa ni
dictar prisión preventiva.
Pero hay un antecedente que complicaría las
aspiraciones del juez Bonadio: la llamada “doctrina Pichetto”, que
establece el desconocimiento de parte del congreso de todos los
pronunciamientos judiciales hasta que no sean “firmes”. Esta postura es
muy defendida en el Parlamento, sobre todo desde el peronismo.
Esto
fue lo que ocurrió con el también expresidente y actual senador Carlos
Menem, quien en su momento se amparó en esa doctrina pero que ahora,
pese a estar condenado por tráfico ilegal de armas y pago de
sobresueldos con fondos reservados, la petición de desafuero en su
contra sigue congelada en el Senado.
No obstante, afirma Clarín, el
hecho de que Cristina Fernández sea aún una figura influyente en la
política trasandina y una posible candidata a las elecciones
presidenciales de 2019, podría incidir en la intención de varios
parlamentarios para “sacarla” del camino.