El
secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis
Almagro, tiene previsto enviar a la Corte Penal Internacional un
informe de un grupo de expertos que apunta a la comisión de delitos de
lesa humanidad en Venezuela y considera al presidente Nicolás Maduro uno
de los “autores intelectuales de la represión”.
El objetivo de Almagro
es que el tribunal, con sede en La Haya, utilice la nueva información
para abrir una investigación sobre la atroz campaña contra los
opositores venezolanos o bien incorporarla a sus otras pesquisas sobre
el asunto.
La
decisión de Almagro llega al día siguiente de que un panel de tres
expertos internacionales determinara, en una investigación solicitada
por la OEA, que hay “fundamento suficiente” para considerar que los
ataques a la población civil venezolana, desde al menos febrero de 2014,
constituyen “crímenes de lesa humanidad” conforme al Estatuto de Roma,
que
rige la Corte Penal Internacional (CPI).
Los especialistas pidieron
remitir las conclusiones de la investigación al fiscal del tribunal de
La Haya. “La intención de Almagro es hacerlo hoy (ayer)”, explicaron
fuentes de la OEA.
El
jefe del organismo, con sede en Washington, alertó el pasado julio de
posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela y eligió a Luis Moreno
Ocampo, primer fiscal jefe de la CPI, para iniciar una investigación.
Pero el jurista argentino abandonó esa tarea en octubre después de que
informaciones periodísticas revelaran que, durante su etapa en La Haya
entre 2003 y 2012, tuvo dinero en un paraíso fiscal. Almagro designó
entonces a tres expertos: el argentino Santiago Cantón, ex secretario
ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; el
costarricense Manuel Ventura Robles, exjuez de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos; e Irwin Cotler, exministro de Justicia de Canadá.
La
CPI anunció el pasado febrero la apertura de un examen preliminar a
Venezuela después de que un centenar de congresistas colombianos y
chilenos presentaran en julio de 2017 una denuncia contra Maduro, al que
acusan de “la comisión de crímenes de derecho internacional”.
La OEA no puede
enviar un caso al tribunal internacional. Solo pueden hacerlo los
Estados miembros de la organización panamericana (28 de los 34) que han
suscrito el Estatuto de Roma. De hacerlo, lo que por ahora no ha
ocurrido, la Oficina del Fiscal de la CPI debería abrir automáticamente
una investigación.
Eso supone que Almagro remite el informe de la OEA a
título personal, lo que no obliga al tribunal a actuar a no ser que lo
determine un grupo de jueces.