403 periodistas fueron investigados y se les armó
fichas de perfil ideológico para las cumbres de la OMC y el G20 en
Buenos Aires, denunció la actual conducción de la Agencia Federal de
Inteligencia (AFI), que solicitó indagar al expresidente Mauricio Macri (2015-2019).
“La denuncia judicial se presentó el viernes pasado y mañana (lunes)
se aporta toda la prueba”, dijo este domingo a la AFP una fuente oficial
que pidió anonimato.
El listado de investigados incluye decenas de periodistas de medios extranjeros, entre ellos varios de la AFP, así como un centenar de académicos, empresarios y otras personalidades de la sociedad civil.
El material fue hallado en tres sobres, con las leyendas “2017”,
“Periodistas G20”, “Varios”, dentro de una caja fuerte de la oficina que
ocupaba el exdirector operacional del Área de Contrainteligencia de la
AFI.
“La investigación sobre los periodistas era sencilla. Recababan información sobre redes sociales y de ahí se trazaba un perfil ideológico y político”, explicó la fuente.
En su denuncia judicial, la interventora de la AFI, Cristina Caamaño,
señala que en las fichas figuran “preferencias políticas, publicaciones
en redes sociales, simpatía respecto a grupos feministas o de contenido
político y/o cultural, entre otras”.
Los nombres llevan comentarios como “se muestra muy crítico respecto
del actual gobierno”, “muestra su afinidad hacia el peronismo”, “apoya
al gobierno”, “en Facebook pidió la liberación de Lula” o “firmó por el
aborto Legal”.
De acuerdo al perfil ideológico, se los marcaba en
verde, amarillo o rojo, supuestamente para habilitar la acreditación que
los periodistas habían solicitado ante la cancillería argentina, una
práctica que evoca a las de la dictadura (1976-1983).
“De confirmarse ese proceder del gobierno de Mauricio Macri, ACERA
repudia enérgicamente procedimientos de esa naturaleza, que resultan
inadmisibles en una democracia y dañan gravemente el ejercicio de la
profesión de periodista”, declaró un comunicado de la Asociación de
Corresponsales Extranjeros (ACERA).
La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y el
Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) mostraron también su
rechazo.
Pedidos diplomáticos
En la Cumbre de la Organización Mundial del Comercio
de 2017, la investigación fue más exhaustiva sobre empresarios,
sindicalistas y otros dirigentes sociales ya que incluían puntillosos
datos personales, patrimoniales y salariales.
Entre el material encontrado, hay una carta del excanciller Jorge
Faurie, fechada el 7 de diciembre de 2017, días antes de la reunión de
la OMC, dirigida al entonces director de la AFI, Gustavo Arribas.
Allí le ruega que solucione “a la mayor brevedad posible, la
situación” de Kirsi Chavda, integrante de la ONG finlandesa Siemenpuu, a
quien en el aeropuerto se le negaba el ingreso al país.
“Motiva mi pedido, la solicitud que me hiciera llegar el canciller de
Finlandia, quien ha garantizado el buen comportamiento de la señora
Chavda de acuerdo a los usos y costumbres locales”, escribió Faurie.
Añade un pedido similar de parte del canciller de los Países Bajos
respecto de miembros de la ONG Transnational Institute.
Caamaño pidió que se cite a indagatoria de Macri, en tanto
“responsable de fijar lineamientos estratégicos y objetivos de la
política de Inteligencia nacional”, así como a Arribas, a la
exsubdirectora Silvina Majdalani a y varios agentes de inteligencia.
“Las tareas de inteligencia que en este acto se denuncian no se
encuentran ordenadas ni autorizadas por ningún magistrado”, dice el
escrito, según el cual, la AFI actuó “con manifiesta connivencia de la
(entonces) autoridad máxima del ministerio de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich“.
En paralelo, otro juzgado investiga el espionaje durante la gestión de Macri a políticos opositores y oficalistas,
entre ellos la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Kirchner y
al alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, del mismo
partido del exmandatario.
Macri estuvo procesado por espionaje ilegal cuando era alcalde de
Buenos Aires (2007-2015), pero fue sobreseído dos semanas después de
asumir la presidencia en diciembre de 2015.