El
gobierno británico afirmó que rechazó un llamado de la Unión Europea
para que retire el controvertido proyecto de ley que modificaría
disposiciones del acuerdo de Brexit, un tratado internacional legalmente
vinculante.
“Le
expliqué al vicepresidente (de la Comisión Europea, Maros Sefcovic) que
no podíamos hacerlo y no lo haríamos y enfaticé en su lugar la
importancia vital de alcanzar un acuerdo”, afirmó el ministro de la
Oficina del Gabinete, Michael Gove, incrementando la ya muy fuerte
tensión entre las dos partes.
La
Unión Europea llamó al gobierno británico, tras una reunión de crisis
en Londres, a retirar “antes de finales de mes” sus planes de modificar
el acuerdo de Brexit so pena de acciones legales ante una “grave”
violación del derecho internacional.
Tras
pedir un encuentro urgente la víspera, el vicepresidente de la Comisión
Europea, Maros Sefcovic, se reunió en la capital británica con el
influyente ministro del Gabinete, Michael Gove, para “obtener
aclaraciones del Reino Unido” sobre su controvertido proyecto de ley de
mercado interior.
Y
lo que oyó no calmó los ánimos: “si se aprobara el proyecto de ley,
constituiría una violación extremadamente grave del Tratado de Retirada y
del derecho internacional”, afirmó a su término.
Advirtió
que Londres “ha dañado seriamente la confianza entre la UE y el Reino
Unido” y para restablecerla llamó al ejecutivo de Boris Johnson a
retirar del texto las medidas relativas a Irlanda del Norte “lo antes
posible y en cualquier caso antes de finales de mes”.
También dejó claro que a la Comisión Europea no le temblará el pulso a la hora de tomar medidas legales.
Según un borrador preparado por embajadores de la UE y al que tuvo acceso la Agence France-Presse,
la UE podría llevar al Reino Unido ante el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea (TJUE) “una vez que se adopte el proyecto de ley” o
“incluso antes”.
El
gobierno británico presentó el miércoles su proyecto de ley, que
aprovecha una armonización posbrexit del comercio entre las cuatro
naciones del Reino Unido para modificar la aplicación de tarifas y
controles aduaneros posibles en Irlanda del Norte, según el acuerdo de
divorcio con la UE.
Este
tratado internacional, en vigor desde el 31 de enero, prevé un
dispositivo por el cual esa provincia británica mantendrá las reglas del
mercado común europeo para evitar reimponer una frontera con la vecina
República de Irlanda.
Su
objetivo es no poner en peligro la frágil paz que reina en la isla
desde el Acuerdo del Viernes Santo de 1998 que puso fin a tres décadas
de sangriento conflicto entre republicanos católicos y unionistas
protestantes.
Las autoridades europeas, con Dublín a la cabeza, denuncian los planes de Johnson como una amenaza a esa estabilidad.
“El
Tratado de Retirada entre el Reino Unido y la Unión Europea es un texto
cuidadosamente negociado que asegura que los logros del Acuerdo del
Viernes Santo se protegen”, afirmó el jueves la expresidenta irlandesa y
exresponsable de la ONU para los refugiados Mary Robinson.