Rusia abrió un caso penal contra Ucrania por el uso de métodos de guerra prohibidos, que presuntamente violan la Convención de Ginebra sobre la protección de la población civil, durante su ofensiva militar contra los bastiones prorrusos en el este del país.
“Intencionadamente, con el fin de matar a civiles pacíficos, utilizaron armamento, artillería, aviación, algunos de ellos con simbología de la ONU, (y) blindados y otros equipos”, afirmó Vladímir Markin, portavoz del Comité de Instrucción (CI) de Rusia, a las agencias rusas.
Agregó que “entre la población civil hay muertos y heridos. Además, ha quedado destruida total o parcialmente la infraestructura industrial, energética, de comunicaciones y transporte, edificios de viviendas, sociales y culturales, incluidos hospitales, guarderías y escuelas”.
El CI es un órgano judicial adscrito antes a la Fiscalía General y ahora dependiente de la Presidencia rusa y que acostumbra a encargarse de los casos más sonados y controvertidos en materia política, penal y criminal.
Según destacó su portavoz, los ataques contra la población civil obligaron a algunos ciudadanos ucranianos y también rusos a abandonar sus lugares de residencia en las regiones de Donetsk y Lugansk (este).
Ambas regiones, de mayoría rusohablante, se han sublevado y han declarado este mes su independencia y el ejército ucraniano ha lanzado una ofensiva contra los sublevados.
El CI acusó a efectivos de las Fuerzas Armadas de Ucrania, la Guardia Nacional y la organización ultranacionalista Sector de Derechas en virtud del artículo 356 del Código Penal (uso de medios y métodos de guerra prohibidos) ruso.
Esta acusación fue “por los ataques contra las ciudades de Slaviansk, Kramatorsk, Donetsk, Mariupol y otras localidades de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk”, recalcó Markin.
Reconoció que, “por el momento, no se ha establecido la identidad” de los ucranianos contra los que se ha procesado el expediente penal que, en Rusia, se castiga con hasta 20 años de cárcel.