La Casa Blanca presentó un plan para reformar el sistema migratorio que abre la puerta a naturalizar a hasta 1,8 millones de jóvenes inmigrantes, pero que fue recibido con frialdad por legisladores y entidades sociales.
La parte central de la propuesta permitiría otorgar la nacionalidad estadounidense a casi 2 millones de “sin papeles”, pero requiere que el Congreso destine US$25.000 millones para construir un controvertido muro en la frontera con México.
La propuesta beneficiaría fundamentalmente a unos 690.000 jóvenes inmigrantes que llegaron al país siendo niños y que desde 2012 regularizaron su situación gracias al programa DACA, que los protege de ser deportados.
El Presidente Donald Trump anunció en septiembre el fin del programa, arrojando a cientos de miles de inmigrantes conocidos como “dreamers” (soñadores”) a un limbo jurídico.
La propuesta de la Casa Blanca también pone punto final al tradicional sorteo de visas de residencia (green cards) y recorta drásticamente la “migración en cadena” o reunificación familiar, que queda limitada a cónyuge e hijos menores de edad.
La idea del Gobierno es “dar estatus legal a los beneficiarios de DACA y a otros inmigrantes que podrían ser elegibles, ajustando el período de aplicación para abarcar a 1,8 millones de individuos aproximadamente”.
Pero al mismo tiempo pide al Congreso US$25.000 millones para el polémico muro, una promesa de campaña de Trump.
Una alta fuente de la Casa Blanca dijo que el país “debe tener las herramientas para detener la inmigración ilegal y la capacidad de sacar a individuos que han ingresado ilegalmente”.