La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, integrada solo
por oficialistas, aprobó el jueves la llamada “ley antibloqueo”, cuerpo
legal que busca eludir las sanciones financieras aplicadas contra el régimen de Nicolás Maduro, principalmente por Estados Unidos.
La ley, cuyo nombre completo es “antibloqueo para el desarrollo
nacional y las garantías del pueblo venezolano”, fue aprobada por la
ANC, un cuerpo no reconocido por varios países, luego de un único debate
en el que no se discutieron los 44 artículos, sino que tres oradores defendieron la necesidad de darle luz verde con urgencia.
Este marco legal tiene como razón de ser, según su artículo 1, proveer
al “poder público” de herramientas jurídicas para “contrarrestar,
mitigar y reducir, de manera efectiva, urgente y necesaria, los efectos nocivos generados por la imposición” de sanciones financieras, principalmente las aplicadas por la administración Trump.
Según el artículo 19, “cuando resulte necesario para superar los
obstáculos o compensar los daños (de las sanciones)” el Ejecutivo
procederá a “inaplicar para casos específicos aquellas normas de rango
legal o sublegal cuya aplicación resulta imposible o contraproducente”.
El presidente de la ANC, Diosdado Cabello, insistió en que estas “inaplicaciones” se harán sin violar la Constitución venezolana, aunque la misma ley establece que sus apartados tendrán acción preferente sobre el marco legal preexistente.
Blindaje legal
Este blindaje “antibloqueo” otorga también facultades al Ejecutivo
para la “celebración de todos los actos o negocios jurídicos que
resulten necesarios” para la protección de activos nacionales, así como para “impedir o revertir actos o amenazas” que atenten contra las riquezas de la república.
Todo esto, subrayó Cabello, sin perjuicio del artículo 303 de la Constitución
que ordena al Estado conservar la totalidad de las acciones de la
petrolera estatal PDVSA, encargada de administrar las mayores reservas
de crudo del mundo, con las que cuenta el país caribeño.
La confidencialidad se deberá mantener “hasta 90 días posteriores al
cese” de las sanciones o circunstancias que hayan “propiciado la
situación”. La ley tendrá vigencia hasta que cesen las sanciones.
Maduro ha dicho que la legislación fue consultada con todas las
autoridades regionales y municipales, pero el gobernador del estado
Anzoátegui, el opositor Antonio Barreto Sira, dijo a EFE que ni él ni
los otros tres gobernadores contrarios al chavismo fueron tomados en
cuenta en este proceso.
Deutsche Welle – BBC CHILE