Venezuela
emplea “tácticas militares” para reprimir protestas civiles. Esta es la
conclusión que presenta el informe publicado ayer por Amnistía
Internacional (AI), que denuncia que los cuerpos de seguridad del país
latinoamericano realizan torturas y ejecuciones extrajudiciales
presentadas públicamente en muchas ocasiones como “supuestos
enfrentamientos armados”.
El documento de la ONG de derechos humanos,
que analiza la situación de la seguridad en el país entre 2002 y 2017,
alerta de un extendido clima de impunidad entre los cuerpos policiales,
que “ni garantiza que estos hechos no se repetirán, ni supone reparación
alguna a las víctimas”.
“Me
dijeron ‘vete, vieja chismosa. Te voy a dar un tiro en la cabeza’”,
relata Zulay González a AI, a quien le increparon las fuerzas de
seguridad cuando en 2012 salió de su casa a la calle para interceder por
su hijo Mario, que estaba a punto de ser detenido por estas.
Los
oficiales buscaban en las afueras de la capital venezolana a los
integrantes de una banda delictiva que había cometido un asesinato y se
llevaron detenido a Mario.
Los peores augurios de la mujer, que ya había
perdido meses atrás a otro
hijo, Luis Fernando, acribillado a tiros por varios hombres cuando
conducía su moto en algún punto del Estado de Miranda (en el norte del
país), se confirmaron tiempo después, cuando dio con el cadáver de Mario
en la morgue de un hospital de Caracas.
Además
de este índice de criminalidad, Venezuela se enfrenta también a la
ausencia de respuesta judicial ante las graves violaciones de derechos
humanos cometidos por las fuerzas de seguridad estatales. AI denuncia
que el 92% de las violaciones de derechos humanos producidas en
Venezuela queda impune, una cifra que IC eleva al 98%.
El
número de ejecuciones extrajudiciales como la que sufrió el hijo de
González no se puede establecer con concreción debido a la ausencia de
organismos que registren datos oficiales. El informe de AI, que consta
de 58 páginas, recoge datos de la Fiscalía General de la República
relativos a 2016 y al primer semestre de 2017, años en los que se
habrían producido 4.667 y 1.848 muertes, respectivamente, a manos de
funcionarios de seguridad.
La exfiscal Luisa Ortega, que dirigió la
institución desde 2007 hasta 2017 cuando fue destituida
por el Tribunal Supremo, controlado por el chavismo, acusó el pasado
noviembre al régimen de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional de ser responsable de más de 8.000 asesinatos cometidos entre 2015 y 2017 por las fuerzas de orden público.
AI
presenta en el informe varias realidades que demuestran que el gobierno
del país sudamericano no está cumpliendo con la obligación de
garantizar la seguridad de
los ciudadanos.
La “nula rendición de cuentas” por parte de las
autoridades en operaciones en las que se producen muertes de civiles, el
“incremento progresivo
y constante” de la violencia armada que demuestran las estadísticas
-que señalan que los homicidios que se cometen con armas de fuego son el
85%, 11 puntos más que la media del continente- o la ausencia de datos
oficiales actualizados y concretos sobre muertes violentas son algunas
de las situaciones que la ONG denuncia en el documento.