Tras
una atenuante formalización, que se extendió por cerca de 13 horas, el
médico siquiatra y los cinco exfuncionarios de Carabineros implicados en
la investigación que lleva adelante la Fiscalía Metropolitana Occidente
por tráfico de armas, quedaron en libertad y con la prohibición de
salir del país.
Esto,
luego de que la jueza de garantía rechazara la petición del persecutor
Heriberto Reyes, quien solicitó la prisión preventiva para estos seis
sujetos, en razón de su vinculación con los delitos indagados y la
peligrosidad de su libertad para la investigación.
Considerando
que en la audiencia no se permitió apelar a la decisión, y al no estar
conforme con esta, Reyes presentará un recurso de hecho ante la Corte de
Apelaciones para reclamar de la “denegación injustificada de las
prisiones preventivas”.
Además,
por disposición del Juzgado de Garantía de Talagante, tres otros
implicados quedaron con arresto domiciliario total, mientras que los 23
restantes con la medida cautelar de arraigo nacional. Inicialmente, se
dispusieron 90 días de plazo para la investigación.
Las indagaciones
En
el marco de esta causa, el Ministerio Público, en coordinación con
efectivos de la PDI, indaga hechos que datan del 2014 y que dicen
relación con la adquisición e inscripción irregular de armamento, con el
fin de que fueran adquiridas por distintas bandas delictuales.
Con
las labores que se han realizado hasta ahora, incluyendo la incautación
y registro en 33 domicilios, el fiscal Reyes ha evidenciado
adulteración o falsificación de instrumentos de carácter público y
reservado, previa coordinación y asociación de los implicados.
La
gravedad de los hechos investigados, según dio cuenta el persecutor en
el momento que solicitó la orden de detención contra los hoy imputados,
tiene que ver con que “sus consecuencias y trascendencia podrían
comprometer la seguridad pública así como la labor de las mismas
policías en la prevención de hechos ilícitos al dotar de armamento a
personas que no tiene la calificación ni la idoneidad legal para la
tenencia y porte de armas de fuego y municiones”.
Implicados
Ismael
del Rosario Alvial Soto: Se determinó que en su calidad de funcionario
activo de Carabineros, sería quien facilitaba la tramitación de la
obtención fraudulenta de las armas, respondiendo las pruebas para esto.
Asimismo, sería la persona que estableció el vínculo con Marcelo Catalán
García, quien es sindicado como el reclutador de los individuos
“idóneos, sin antecedentes, para realizar dichos trámites”.
Cristian
Alejandro Arriaza Arriaza: De acuerdo a las declaraciones y
reconocimientos fotográficos de los partícipes, sería quien tomaba
pruebas de forma fraudulenta a los reclutados por Catalán García.
Durante el año 2014, prestó servicio en la Autoridad Fiscalizadora 035
de Talagante.
Marco
Alfredo Garrido Sánchez : En su calidad de funcionario activo de
Carabinero, de acuerdo a las pericias, es reconocido por Catalán García y
el actual encargado de la “Autoridad fiscalizadora N° 035”, de
Carabineros de Talagante, Johnny Andy Mansilla Galvez, como la persona
que realizaba inscripción de armas de forma fraudulenta, junto con
Fernando Israel Alvial Soto.
Marcelo
Rodrigo Catalán García: Los datos de la Fiscalía dan cuenta de que
sería quien reclutó a los participante para la inscripción de las armas,
pagándoles una cantidad de dinero por realizar dicho trámite, además de
trasladar a las personas hasta la autoridad fiscalizadora, médico,
notaria, armería, hasta lograr la obtención de las armas, siendo él la
conexión directa entre Fernando Alvial Soto, Yimmy Lastra Sandoval y
Patricio Concha Guerrero.
Rodrigo
Alejandro Rojas Cortés: Estaría involucrado en los hechos, por cuanto
el Ministerio Público estableció que inscribió armamento de forma
irregular, recibiendo $80.000 por esto. Las armas habrían sido retenidas
por Catalán García, realizando luego la denuncia falsa por el robo de
las armas.