Un cambio notorio en el paradigma de las actividades en el aula es el que promete la Ley de Inclusión, que a nueve meses de ser promulgada se prepara para entrar en vigencia este 1 de marzo.
Entre otras materias, esta normativa implementó cambios en la Ley General de Educación, la Ley de Subvenciones, la Ley de Aseguramiento de la Calidad y la Ley de Subvención Escolar Preferencial, en lo que es uno de los pilares del programa de gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.
Con esta ley se apunta a erradicar “todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y la participación de los y las estudiantes”, según reza el cuerpo legal.
De esta manera, la normativa entra a regular las prácticas que antiguamente quedaban a criterio de los mismos establecimientos educacionales.
Entre las más típicas de las prácticas en los colegios se encuentra la cancelación de matrículas, expulsión o suspensión de quienes no cumplieran con un determinado rango de calificaciones, así como tampoco se podrá presionar a los mismos estudiantes o a sus tutores por este motivo.
La única manera en que pueda ser cancelada la matrícula o no renovada es que el alumno repita más de una vez tanto en la enseñanza básica como en la enseñanza media, lo que ya estaba normado por el decreto con fuerza de ley N° 2 de 2009 del Ministerio de Educación.