“Esta
es una ley que moviliza el alma”, señaló la ministra de Educación,
Adriana Delpiano, segundos antes de que el Senado aprobara de manera
unánime el proyecto que crea el sistema de Nueva Educación Pública y que
permitirá que los 5.200 colegios que actualmente dependen de los
municipios pasen a manos del Estado y sean administrados en red por 70
Servicios Locales de Educación.
“Vamos
a tener un sistema educativo de mejor calidad y con más oportunidades y
que sean las familias las que escojan el colegio donde quieren educar a
sus hijos y no lo que les tocó”, añadió Delpiano.
El
sistema de la educación municipal duró 37 años y según el gobierno
terminará en 2025, con la posibilidad de extensión en casos puntuales
hasta 2030, cuando los municipios que hayan hecho una buena gestión
administrando sus colegios soliciten postergar su entrada al sistema.
Este
aspecto se transformó en el punto que opacó la celebración del gobierno
porque la ley se aprobó gracias a un acuerdo con la derecha que incluía
tres puntos para evitar que llevaran el proyecto al Tribunal
Constitucional: una transición hasta 2030, una comisión evaluadora, y la
posibilidad de que las municipalidades de buena gestión educacional
pudieran postergar su ingreso a los servicios locales.
Según
el gobierno la postergación sólo puede extenderse hasta 2030, pero la
derecha asegura que el articulado establece que podría ser indefinido e
incluso excluir definitivamente a una comuna de ingresar al nuevo
sistema. “El acuerdo con la oposición es que algunas comunas puedan
posponer su entrada al sistema, pero ninguna va a quedar
fuera del nuevo sistema de educación pública chilena”, aseguró el
ministro secretario general de la Presidencia, Gabriel de La Fuente. Y
puntualizó que “no hay ninguna materia que zanjar”.
Sin
embargo, el artículo décimo transitorio, que durante la tramitación
había sido rechazado por los diputados, porque generaba dudas sobre la
posibilidad de que permitiera a una comuna posponer indefinidamente su
ingreso al nuevo sistema, fue aprobado e incorporado en el proyecto que
ahora se transformará en ley. Es en base a ese artículo que la derecha
asegura algunas comunas podrán excluirse de los servicios locales.
Toda
esta situación causó indignación en algunos diputados. Mario Venegas
(DC) indicó que “no comparto que el artículo sea ambiguo y permita que
los municipios puedan ir a la Contraloría a buscar una interpretación que permita mantenerse en el actual sistema municipalizado hasta más allá de 2030”.
El
diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, quien se abstuvo
en la votación, indicó que “estamos hablando de una negociación política
que tuvo el gobierno para que pudiera darse esta indefinición, y si los
municipios van a Contraloría para interpretar la ley en el futuro es
parte de los costos que tiene que asumir el gobierno si es que estuvo
disponible a entregarle a la derecha una redacción como lo que quedó en
el articulado del proyecto”.
Precisamente
ya hay dos alcaldes que manifestaron su disposición para recurrir a
todas las instancias que les permita la ley para postergar
indefinidamente o excluir a sus comunas de
la desmunicipalización. Felipe Alessandri, alcalde de Santiago, afirmó
que “si mañana llega la solicitud para entregar los colegios, amparados
en la legislación que se ha aprobado, que deja esta posibilidad de
pelearlos y mantenerlos, nosotros vamos a ir a las instancias que
correspondan”.
En
esa misma línea el alcalde de Ñuñoa, Andrés Zahri, aseguró que “la
Municipalidad de Ñuñoa tiene una larga tradición de excelencia en la
educación y jamás vamos a permitir que nos quiten la gestión de nuestros
colegios”.
Según
explicó el asesor legislativo de la derecha, Jorge Barrera, la ley
señala “expresamente que las municipalidades pueden solicitar que el
servicio educacional de su comuna no sea traspasado en los plazos que
corresponden en virtud de los artículos anteriores al décimo”.