La razón que detonó su salida fue una solicitud de los imputados Carmen Fernández, Patricio Rosende y Andrés Enríquez para que Sallés abandonara el caso, pues cuestionaban su imparcialidad frente a la acusación de participación y existencia del cuasidelito de homicidio que recae sobre ellos, tras la alerta fallida de maremoto el 27 de febrero de 2010.
“No es la persona idónea para seguir conociendo sobre la presente causa por cuasidelito de homicidio”, expresaron, luego de que éste rechazara su sobreseimiento, el pasado 13 de marzo.
En dicha ocación, el juez en cuestión habría manifestado “juicios sobre la cuestión de fondo que afectan inequívocamente su imparcialidad”, argumentó la defensa de la ex directora de la Onemi y el el ex Subsecreteario del Interior.
Frente a esto, el ministro Carlos Cerda declaró ayer que “Consciente de que es un asunto de trascendencia nacional y consciente de que hay que ser muy estricto cuando se trata de inhabilitar un juez, no obstante aquello (la corte) cree que en el presente caso efectivamente el juez señor Ponciano Sallés dictaminó sobre la cuestión pendiente con conocimiento de la misma. Por lo tanto, se declara inhabilitado para continuar conociendo de estos antecedentes”.
El abogado defensor de Cármen Fernández, Luciano Fouilloux, se mostró satisfecho con el fallo de la corte “Creemos que el juez Sallés, con lo buen juez que es, cometió un error delicado en una causa tan sensible como ésta, y que la corte ha tratado de reparar a través de nuestra presentación, por lo tanto tenemos que seguir adelante”, señaló.
Por su parte, la abogada de Enríquez insistió en que la resolución de Sallés era “excesiva y que establecía responsabilidades que no correspondían y en una etapa que no correspondía”.
A partir de ahora, la causa quedó en manos de la jueza Carla Capello.