El pasado viernes mientras Radio Bío Bío preguntaba insistentemente a
las autoridades del Ejército y de Gobierno sobre estos hechos para
informar a los auditores, el ministro de Defensa Nacional, Alberto
Espina, habló con el comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez
Menanteau.
Diálogo en que nuevamente la máxima autoridad de la institución
castrense le explicó al secretario de Estado los detalles de lo que ya a
esas alturas se sabía a nivel periodístico: la operación de
inteligencia Topógrafo de 2017, que tuvo como centro espiar -previa
autorización de un ministro Corte de Apelaciones de Santiago- a dos
militares activos y dos en retiro.
La obra de inteligencia era la herencia del espionaje que se habría
iniciado un año antes y que tenía como objetivo una serie de medidas
intrusivas contra el periodista y escritor Mauricio Weibel, que se
encontraba justamente escribiendo un libro sobre corrupción en el
Ejército.
Para esto, según la información existente, luego de recibir el visto
bueno del ministro Mario Carroza, el Ejército recibió desde las
compañías de teléfonos la copia de las líneas en tiempo real del capitán
Rafael Harvey Valdés y el cabo primero Sergio Andrés Tudesca Órdenes.
Además, se sumaron las líneas de otros dos militares en retiro, el
teniente coronel (r) Carlos Farías Ramírez y del sargento (r) Juan Pablo
Díaz Pino.
La luz verde de la justicia al espionaje se habría amparado en que la
Dirección de Inteligencia del Ejército habría señalado que tenían dudas
sobre si estos funcionarios estaban filtrando a civiles información
sensible de la institución, por ende, poniendo en riesgo la seguridad
nacional.
No obstante, no se hizo mención, aparentemente, que los cuatro
militares han denunciado desde hace un lustro el actuar corrupto de
oficiales del alto mando.
Tema importante si consideramos que la aplicación de la Ley de
Inteligencia efectivamente contempla la inteligencia y
contrainteligencia, pero en ningún caso puntos como el actuar corrupto
de las autoridades militares.
El ministro de Defensa, Alberto Espina, lejos de entrar al fondo de
este debate, puesto que recordó que la Ley de Inteligencia lo castiga
con pena efectiva si habla de las operaciones que realizan organismos
como la DINE, sí aclaró que tras preguntarle al actual comandante en
jefe del Ejército, le ratificó que la pesquisa de la información se hizo
de forma regulada.
Sin embargo, Espina señaló que el viernes en medio de las solicitudes
de información como la de Radio Bío Bío, le solicitó a la autoridad
castrense denunciar ante el 2º Juzgado Militar de Santiago la filtración
a la prensa de los informes de inteligencia.
“Lo que a nosotros nos parece un hecho delicado es que se puedan
filtrar antecedentes que dicen relación con labores de los servicios de
inteligencia de nuestro país. El día domingo envié al Ministerio Público
militar un oficio, en el que le solicito que se haga parte de esa
investigación”, señaló.
El tema es sensible para la administración Piñera, pensando que al
actual presidente se le pinchó ilegalmente su teléfono cuando era
senador en 1992 y como resultado surgió el caso Kiotazo, en que el
empresario Ricardo Claro reveló las conversaciones obtenidas por el
Ejército en un programa de televisión de Megavisión.
El presidente de RN, Mario Desbordes, tomó distancia de una defensa
irrestricta al actuar de la Dirección de Inteligencia del Ejército, al
sostener que es necesario que se explique lo que se quiso hacer, aún
cuando se gestó con una orden legal de una Corte.
El senador independiente, Pedro Araya, pidió explicaciones al
Ejército y al resto de las Fuerzas Armadas, incluyendo la Corte Suprema.
“Que expliquen qué fue lo que ocurrió en esta situación y que señalen
bajo qué criterios el Ejército está utilizando la Ley de Inteligencia. Y
no solo el Ejército, sino el resto de las instituciones armadas”,
exigió.
“También creo que es importante que se pueda invitar al presidente de
la Corte Suprema a fin de que nos pueda clarificar con qué criterio las
Cortes de Apelaciones están entregando las autorizaciones de la Ley de
Inteligencia, dado que al parecer por la información que se ha filtrado,
se está hacendo un mal uso de la ley”, sentenció.
El presidente de la comisión de Defensa de la Cámara, diputado de
Revolución Democrática Jorge Brito, en entrevista con el programa Podría
Ser Peor de Radio Bío Bío, cuestionó la inteligencia real del Ejército.
“Yo creo que la Dirección de Inteligencia del Ejército puede realizar
este tipo de medidas, pero contra quienes administran armamentos,
porque se perdió armamento del Regimiento de Arica, en San Bernardo en
2015, en Famae este año, entonces ¿dónde estaba Inteligencia? Ahí debió
haber estado o en los $2.400 millones que el cabo Cruz jugó en el casino
Monticello”, cuestionó.
Otro de los miembros de la comisión de Defensa de la Cámara, la
socialista Maya Fernández Allende, apuntó a que ésta es la instancia
para aclarar lo sucedido.
El vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, indicó que
evaluarán en el próximo pleno pedir información a los ministros que
otorgaron las autorizaciones para la operación de inteligencia.
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