Turbus,
empresa fundada en 1948 dedicada al rubro del transporte de pasajeros,
se encuentra pasando por un difícil momento. Los cuatro hermanos Diez
González se reúnen cada viernes vigilando de cerca la dura situación
financiera por la que atraviesa la empresa.
Las
reuniones se sostienen desde marzo, mes en que los más de 1.500 buses
de la compañía se paralizaron producto a la crisis sanitaria que
envuelve al país, según informó La Tercera.
Fue
en ese contexto que se decidió, bajo mutuo acuerdo, acoger a 2.600
trabajadores de la empresa a la Ley de Protección de Empleo. La
aplicación de dicha normativa tiene a la empresa en un momento
complicado.
Durante
los últimos siete meses el clan Diez ha sostenido a la empresa con más
de US$ 15 millones, costeando el déficit que genera la empresa cada mes.
José
Antonio Errandonea, director ejecutivo, asegura que si no existiera el
aporte de los dueños, la empresa ya habría tenido que declararse en
quiebra o iniciar un proceso de liquidación de activos.
Es
así que gracias a otros negocios —como lo son la importadora de
repuestos para buses y camiones Caren y la heladería Coppelia y
Contempor— el clan ha logrado mantener a flote la empresa.
Pese
a la activación de los buses en carretera en agosto y la autorización
durante las últimas semanas por parte del Gobierno a realizar viajes
interregionales, los números aún son negativos, y el aporte de los
sostenedores está llegando a un punto cúlmine.
La
problemática se agrava en noviembre, pues corresponde reincorporar a
los trabajadores suspendidos por la normativa de la Ley de Protección al
Empleo, debido a que ya se agotaron los siete giros con cargo al seguro
de cesantía que admite la Ley.
A esto se suma que la empresa no cumple con los requisitos para extender dicha suspensión hasta enero de 2021.
Errandonea
señaló que “lo que ha permitido a esta industria sobrevivir en este
tiempo ha sido la Ley de Protección al Empleo. Se hizo una extensión a
la normativa que se promulgó a principios de septiembre. Esta, que en el
titular se leía como una extensión de cinco meses, solo considera a los
trabajadores que están suspendidos por acto de autoridad, que es
aquella circunstancia donde, por alguna razón de carácter sanitario,
como una cuarentena, ciertos negocios tienen que dejar de operar. No se
permitió la extensión, en la práctica, porque no está financiada para
las suspensiones de mutuo acuerdo”.
Solicitando apoyo
El
contexto ha obligado a la empresa a salir en busca de apoyo en
ministerios. Durante la última semana se realizó una reunión junto con
asesores del Ministerio del Trabajo con motivo de dar a conocer la
situación que los aqueja, instancia donde se solicitaron a los
personeros que sus empleados puedan continuar amparados bajo la Ley de
Protección al Empleo.
Durante
el jueves personeros de los gremios de buses, como también ejecutivos
de Turbus, llegaron hasta el Ministerio de Economía a entregar una
misiva donde detallaron el duro momento que atraviesa la industria, que
contempla a 35 mil trabajadores.
Esta
semana recurrirán al Ministerio de Hacienda, oportunidad en que los
ejecutivos de Turbus tendrán una cita con el subsecretario Francisco
Moreno.
Pese
a todas las gestiones, hasta ahora no han logrado obtener una respuesta
satisfactoria por parte de las autoridades de Gobierno.
Es
por lo anterior que desde la empresa ya trabajan en un plan
alternativo. A dos semanas de noviembre, donde tendrán que reincorporar a
2.600 trabajadores suspendidos, el tiempo apremia.
Si el escenario no cambia para la firma, tendrán que iniciar su tercer proceso de desvinculación en lo que va del año.
Al
respecto, Errandonea señala que han sido “muy transparentes con
nuestras organizaciones sindicales: teníamos la capacidad de sostenerlos
mientras la Ley de Protección al Empleo estaba vigente, si no está
vigente, la realidad es que tendríamos que hacer una reducción adicional
de personal, porque necesitamos una dotación más acorde con los niveles
de venta actuales. No llegar a la dotación para operar hoy, pero sí a
una que necesitaríamos de acá a unos nueve meses más”.
Dicha
dotación probablemente será inferior a los 4 mil empleados que
actualmente en la empresa, la es un 30% inferior a la que existía en
diciembre de 2019, cuando el personal alcanzaba a los 6 mil
trabajadores.