Como
“un papelito hecho a la rápida, mal hecho” definió la presidenta de la
comisión de Educación del Senado, Yasna Provoste (DC), el proyecto de
ley “Aula Segura”, que es impulsado por el Gobierno para otorgar mayores
facultades a los directores de los liceos emblemáticos para expulsar a
estudiantes que cometan hechos graves de violencia.
La senadora se
refirió así al proyecto luego que hoy se conociera que el Gobierno puso
“discusión inmediata” a la iniciativa, por lo que debe ser despachada
esta semana. Estas palabras no cayeron bien en el Ejecutivo, que ya ha
acusado a la oposición de “bloquear” la iniciativa en el Congreso.
Quien
respondió a la senadora fue el subsecretario de Educación, Raúl
Figueroa, que sostuvo que “me parece que es un despropósito tildar de
‘un papelito’ un proyecto de ley, trabajado además con el Congreso”.
Afirmó que “el hecho que sea un proyecto simple, de un solo artículo,
precisamente apunta a que podamos rápidamente abordar esta discusión en
el Congreso”.
Criticó además que “la discusión de un proyecto tan
necesario, pero a la vez tan simple de despachar, se haya entorpecido en
la discusión parlamentaria”. “Nosotros creemos que ha habido acá una
forma sistemática de entorpecer la discusión de este proyecto. Cuando
uno dice que es un proyecto muy simple, pero a la vez muy necesario,
llama la atención que se haya invitado a 50 personas a discutir sobre el
mismo punto”, cuestionó.
Indicación por “debido proceso”
Junto
con la “discusión inmediata”, el Ejecutivo ingresó una indicación al
proyecto de ley, tendiente a resguardar el “debido proceso” cuando un
estudiante es acusado y arriesga la expulsión, lo que ha sido una de las
principales críticas de la oposición.
Dicha
indicación señala que “el director, inmediatamente tome conocimiento de
los hechos, deberá informar por escrito al estudiante, madre, padre o
apoderado, del inicio de un proceso de expulsión, y junto con ello,
deberá disponer como medida provisional y cautelar, la prohibición de
ingreso al establecimiento mientras se sustancie el procedimiento de
expulsión”.
Al respecto, el subsecretario aseguró que “el proyecto desde
su origen contempla mecanismos para resguardar el debido proceso,
además se presentó una indicación que fortalece el debido proceso”.
Senador Latorre (RD) presenta indicaciones a Aula Segura
El
senador Juan Ignacio Latorre (RD) por su parte, anunció que presentará
tres indicaciones al proyecto Aula Segura que actualmente es debatido en
la comisión de Educación de la Cámara Alta, instancia de la que es
integrante.
En la misma línea de lo planteado más temprano por la
presidenta de la comisión, senadora Yasna Provoste (DC), el
parlamentario del Frente Amplio explicó que sus propuestas apuntan que
se realice una “discusión de fondo” sobre la violencia escolar y que
ésta sea tratada “de manera integral” por el proyecto impulsado por el
Gobierno.
Las
propuestas del senador se dan justo cuando el Gobierno anunció que
decidió darle discusión inmediata a la tramitación de Aula Segura, es
decir un plazo de seis días para que sea despachado en general y en
particular en la comisión y la Sala.
Hasta hoy el proyecto tenía suma
urgencia (15 días) lo que vencía a fin de este mes. Según la información
a la que accedió Emol, el legislador Latorre propone “respetar la
igualdad ante la ley”.
Es decir que esta normativa de ser aprobada, sea
aplicable “a todo tipo de establecimientos educacionales donde puedan
haber tipos de violencia como ésta, sin discriminar, ya sea colegios
particulares pagados, subvencionados o públicos”.
En segundo lugar,
quiere garantizar un debido proceso para que los estudiantes que estén
siendo sometidos a una eventual expulsión, tengan la posibilidad de
presentar una defensa y estar suspendidos mientras eso ocurra como
medida cautelar y no ser inmediatamente expulsados.
Finalmente la otra indicación que sugiere el parlamentario de
Revolución Democrática es que que el Ministerio de Educación, dentro del
plazo de seis meses, estudie la posibilidad de implementar un programa
nacional de prevención de la violencia enfocado especialmente en
establecimientos públicos de alta conflictividad para evitar
verdaderamente que estos hechos se vuelvan a repetir.