El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), a través de Cristian Figueroa, jefe de la sede regional, presentó una querella criminal contra todos aquellos que resulten responsables, en calidad de autores, cómplices o encubridores por el delito de apremios ilegítimos, donde el afectado es el reo de la cárcel de Punta Arenas, Cristian Marín Bustamante.

El privado de libertad tiene una larga historia con hechos delictuales, registra procedimientos ligados a lesiones leves, amenazas y logró captar la atención de los medios de comunicación por regresar al recinto penitenciario por violencia intrafamiliar tras estar solamente tres meses fuera de la cárcel, lo cual pudo hacer después de haber obtenido la libertad condicional a mediados de 2018 gracias a un recurso de amparo presentado en la Corte de Apelaciones de Punta Arenas. Cristian Marín originalmente estaba encarcelado cumpliendo una condena de 10 años por un delito de robo con violencia que cometió junto a otro sujeto en 2012. De igual forma, en 2018 fue herido con un arma blanca por otro interno, teniendo que ser trasladado al hospital.

Los hechos

Su nombre nuevamente se hace presente en el sistema judicial, esta vez involucrándolo en los hechos que describe el escrito, donde se informa que el reo mientras estaba “bajo custodia de funcionarios de Gendarmería de Chile, habría sido golpeado y maltratado por parte de los referidos el 16 de marzo de 2023 en horas de la mañana, mientras la víctima se encontraba en el Módulo B del mencionado recinto penitenciario (cárcel de Punta Arenas), cuando producto de un procedimiento de allanamiento efectuado por el personal al interior de dicha dependencia, el señor Marín fue agredido en reiteradas ocasiones por un número indeterminado de funcionarios quienes, sin cumplir con sus reglamentos e instrucciones, consintieron en aplicar o no impedir que se realizarán apremios ilegítimos en su contra, consistentes en golpes de pie, puño y/o con elementos contundentes.

Como consecuencia de estas agresiones, el señor Marín Bustamante, resultó policontuso en tórax anterior y posterior, abdomen, cuero cabelludo temporal, contusión en cara anterior y posterior derecho, lesiones diagnosticadas por servicio de urgencia del hospital regional con el carácter de leves”, finaliza el relato de hechos.

El documento asegura que “los funcionarios aplicaron consciente y voluntariamente apremios sobre la víctima, consistentes en golpes de pie, puño y/o con elementos contundentes en el cuerpo. Dichos apremios son ilegítimos por cuanto el ordenamiento jurídico no impuso la obligación jurídica al afectado de soportar su imposición. Tampoco concurrió en su aplicación ninguna causal de justificación, exculpación o cualquiera otra norma permisiva o eximente de responsabilidad penal en relación a estas conductas explícitamente ilegales. Su actuar no se limitó a golpear, sino que causó lesiones a la víctima. Todo lo anterior, constituye sin lugar a dudas una serie de actos o tratos crueles e inhumanos, existiendo la carencia de cualquier provocación por parte del ofendido, siendo la conducta desplegada por los ofensores un castigo injustificado y deleznable, que se enmarca dentro del contexto de apremios ilegítimos u otros tratos crueles inhumanos o degradantes”.

Junto a lo anterior, solicita que el Ministerio Público haga la investigación correspondiente.