La Corte de Apelaciones de Punta Arenas acogió un recurso (de apelación) del Consejo de Defensa del Estado donde se solicitó la medida cautelar precautoria de prohibición de celebrar actos y contratos sobre los bienes que posee el exalcalde de Natales, Fernando Paredes Mansilla, imputado por los delitos consumados de fraude al fisco y organismos del Estado por el Ministerio Público. Estos ilícitos los habría cometido durante el año 2018 y 2019.

La primera sala del tribunal de alzada en forma unánime revocó la sentencia impugnada, que fue dictada por el Juzgado de Garantía de Natales, que rechazó la imposición de la precautoria.

El fallo entregado plantea lo siguiente: “Atendido el mérito de los antecedentes expuestos en la audiencia por el recurrente, teniendo presente la naturaleza del delito, estimándose que se desprende a esta altura procesal de los antecedentes contenidos en la querella interpuesta, lo que en doctrinas denomina ‘humo del buen derecho’, que  concisa en que de existir una presunción, por pequeña que esta fuera, sobre la existencia de una base o fundamento legal para prevenir la consumación irreparable de un daño que pudiese sufrir el querellante, resulta justificado adoptar una medida cautelar como la referida”.

Por lo tanto, se resuelve que, se revoca la resolución que fue dictada el 5 de marzo del 2024, por el Juzgado de Letras y Garantía de Natales, y en su lugar se accede a la medida precautoria de prohibición de celebrar actos y contratos sobre los bienes inmuebles inscritos el año 2005 y 2013, ambos que se encuentran en el registro del conservador de Bienes Raíces de la comuna de Natales, a nombre del ex alcalde Fernando Paredes Mansilla.

El Consejo de Defensa del Estado sostiene que el ex alcalde Fernando Paredes Mansilla y el exsecretario de la Corporación de Educación, Salud y Menores de Natales, Alejandro Velázquez Ruiz, actuando concertadamente, idearon y ejecutaron un plan para efectuar la defraudación al fisco, con un incumplimiento doloso de sus deberes funcionarios, consiste en pagar a Velázquez Ruiz una indemnización que no tiene sustento legal, causando el perjuicio de las arcas fiscales por la suma de $43.187.485.