Hace apenas 2 semanas el gobierno del presidente Boric anunció el ingreso a la Cámara de Diputados y Diputadas el proyecto de Ley de Fomento a la Industria del Hidrógeno Verde (H2V), el cual considera una serie de incentivos tributarios, créditos tributarios transitorios y exención del Impuesto de Primera Categoría (IDPC) para productores en la Región de Magallanes y Antártica Chilena y la Exención de IVA en bienes de capital. Sin embargo, y casi como una contradicción, la ley incluye la obligación de pagar anticipadamente una contribución regional del 1% de la inversión, inmediatamente después de obtenida la Resolución de Calificación Ambiental, o sea, previo a la construcción y operación. La ley recién inicia su trámite legislativo, pero ya ha causado polémica y su discusión obligará a tomar posiciones a diversos actores, especialmente a aquellos que están en campaña.

La Industria del H2V ha sido presentada como una alternativa fundamental para la descarbonización de la industria en el planeta, y a través de ella iniciar la transición energética. Por ello, en todas partes del mundo hoy emergen iniciativas para instalar esta industria y muchos gobiernos han optado por generar incentivos para favorecer proyectos en sus territorios. Chile ha hecho una apuesta decidida y bastante onerosa por tratar de concretar este tipo de inversión en nuestro país, y Magallanes es una de las zonas elegidas, especialmente por la calidad de sus vientos. Sin embargo, desde el punto de vista ambiental también presenta serios riesgos que no han sido considerados y deben ser abordados en la discusión de una ley que incentive la instalación de esta industria. Hemos observado la proliferación de iniciativas por todo Magallanes, pero ninguna autoridad se ha detenido a tener una mirada global del territorio haciéndose urgente tener una evaluación ambiental y social integrada. La Gobernación es la llamada a tomar la batuta, pero sus silencios sobre el desarrollo integral de Magallanes ya es una constante que preocupa.

La Región de Magallanes requiere con urgencia dinamizar su economía y la industria del hidrógeno, bien planificada, tiene el potencial para lograrlo, pero para ello hay mucho por hacer aún. Diversificar nuestra matriz energética es una arista, transformar nuestra economía y aumentar el PIB regional puede ser otra, procurar el cuidado y conservación del patrimonio cultural y ambiental con seguridad es parte del desafío, al igual que infraestructura y capacidades locales instaladas, pero nada de ello se antepone a la decisión de invertir en un proyecto. En tiempos modernos la decisión de invertir y concretar una iniciativa de negocio pasa por varias etapas. En una primera parte se invierte en el perfil del proyecto, en su prefactibilidad, en la factibilidad técnica y económica y en la evaluación ambiental del proyecto, para luego pasar a invertir en la concreción del proyecto, la construcción y operación. La industria del H2V está en la etapa previa y proponer un nuevo impuesto cambia las reglas del juego y condiciona la inversión.

Proponer un impuesto del 1% al total de la inversión para proyectos de hidrógeno verde que debe pagarse luego de obtener la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) introduce un factor de alto riesgo a la decisión de invertir. Hasta ahora las empresas han invertido bastante tiempo y recursos en tratar de dar viabilidad económica y ambiental a los proyectos H2V en Magallanes, pero esto aún no implica que hayan tomado la decisión final de concretar las iniciativas, que son mucho más onerosas. Los proyectos hasta ahora son sólo una posibilidad de inversión y seguramente en los grandes holdings compiten con otras iniciativas en otras partes del mundo. El proyecto más factible, rentable y competitivo con seguridad se llevará el financiamiento. Incorporar un impuesto en esta etapa de decisión altera el proyecto, desequilibra las variables económicas y genera dudas a la inversión de construir. El problema es que sería un impuesto que se aplica previo cuando las empresas aún no tienen la posibilidad de generar ingresos, cuando aún no tienen amarrados contratos. 

En ninguna otra parte del mundo las empresas de H2V tienen que pagar un impuesto anticipado a la inversión, generalmente van en la línea contraria (como el resto del proyecto ley del Gobierno). Como es una iniciativa legal que recién se somete a discusión es importante tomar posiciones. Por ello seria interesante conocer la opinión de todos especialmente de quienes nos gobiernan (Gobernador y Consejeros Regionales) y de quienes pretenden representarnos en el Parlamento en el próximo ciclo.  Las llamativas declaraciones de algunas autoridades estas últimas semanas o, en contraposición, el silencio que adoptan otras sobre la iniciativa tiene cierto grado de complicidad o de intrascendencia. Juzgue usted.