Desde la decisión de erradicarlo del centro de la ciudad en 2017, adoptada por el municipio y respaldada por representantes del comercio establecido, hasta el 2021 con la decisión de los concejales de trabajar en una nueva ordenanza al respecto, el debate en torno al comercio ambulante ha sido una constante en Punta Arenas durante los últimos años. 

La historia reciente de esta actividad lleva al 2017, cuando el alcalde Claudio Radonich informó la intención de sacar al comercio informal de las calles del centro. Consensuada con dirigentes de galerías y comerciantes de calle Bories, la medida buscaba ordenar el uso del espacio público y responder a la creciente preocupación por el desorden urbano y la competencia desleal.

Sin embargo, entre pitos y flautas (como reza la antigua y coloquial expresión española) se llegó hasta agosto de 2020, cuando la pandemia Covid hizo lo suyo con las prohibiciones, los confinamientos y la paralización de toda actividad comercial por casi 4 meses.

Tal situación puso una pausa involuntaria al fenómeno de los ambulantes, pero no resolvió de fondo el problema que quería asumir la administración municipal.

Nuevo “rayado de cancha”

Ya hacia fines de 2021, el Concejo Municipal retomó el tema con la intención de actualizar las normativas “aplicadas” desde 2017. El objetivo: establecer un “rayado de cancha” que diera certidumbre tanto a los comerciantes ambulantes con permisos como a los fiscalizadores, y permitiera ordenar de forma definitiva esta actividad.

Las modificaciones en 2022 a la ordenanza de 2017, entraron en una marcha blanca de seis meses, introduciendo modificaciones relevantes. Entre ellas, una redefinición de los espacios autorizados para ejercer el comercio ambulante en el centro de la ciudad. Se establecieron tres zonas habilitadas: calle Errázuriz entre José Nogueira y Avenida España; Avenida Colón, entre calles Chiloé y Magallanes; y José Menéndez, entre calles Chiloé y O’Higgins. A esto se sumó la habilitación de toda la Costanera exclusivamente para la venta de alimentos tipo “comida rápida”.

En contraposición, se prohibió expresamente la instalación de comercio ambulante en arterias emblemáticas como calle Bories y José Nogueira, aunque aquello ocurrió más en el papel que en la práctica, si se considera la flexibilidad aplicada en el entendido de la necesidad de trabajo de quienes respetan la normativa.

Un proyecto para reglas claras

Durante las últimas semanas, a nivel nacional se discute una ley que podría reforzar aún más las atribuciones de los municipios en materia de comercio ambulante e informal.

Por ello se encuentra en trámite, en la comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, un proyecto que busca entregar herramientas más efectivas a las municipalidades.

Entre las principales medidas se encuentra la posibilidad de decomisar productos sin necesidad de una condena judicial previa, con el objetivo de destruirlos en el menor plazo posible, conforme a las ordenanzas locales; y dotar a los alcaldes de la facultad de otorgar, renovar y, si es necesario, revocar permisos de comercio ambulante cuando se detecten incumplimientos o cambios en las condiciones de otorgamiento. 

Otro punto relevante es la obligación que se impondrá a los alcaldes de rendir cuentas públicamente sobre el número de permisos otorgados, las fiscalizaciones realizadas y las medidas adoptadas para recuperar los espacios públicos durante el año.

Si bien para Punta Arenas pudiera resultar casi redundante, hay que mencionar que no todos los municipios del país disponen de una ordenanza al respecto o que, en algunos casos, existe pero no se aplica.

De esta manera, a través de una ley se asegurará la normativa y la regulación, aunque sin olvidar que el valor de la ley no está sólo en su letra, sino en su eficiente aplicación.