La Región de Magallanes enfrenta una crisis silenciosa que se arrastra por más de una década: los perros asilvestrados.

La amenaza no sólo golpea a la ganadería, con pérdidas millonarias para los productores, sino que también impacta en la conservación de la fauna silvestre y en la salud pública.

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura entregaron una mirada institucional que coincide en un punto clave: la normativa actual no es suficiente para contener el problema.

El SAG advierte que los ataques “son un problema real, que afecta tanto la producción pecuaria como el bienestar animal y la conservación de fauna silvestre”. El diagnóstico elaborado por el servicio identifica tres orígenes: perros de libre deambular que pueden o no tener dueño; perros bravíos que viven en áreas rurales o silvestres; y un marco legal insuficiente para intervenir de manera efectiva.

Según los registros oficiales del servicio, entre 2012 y 2024 se contabilizaron 155 denuncias en Magallanes, con 4.775 animales atacados, de los cuales el 82,5% fueron atribuidos a perros. Las víctimas principales han sido ovinos, seguidos de aves de corral, bovinos y camélidos.

Casos emblemáticos, como el de Timaukel en 2017, donde una jauría mató 450 ovejas en una sola noche, grafican la magnitud de un flagelo que los ganaderos describen como “insostenible”.

Analizando las causas

El diagnóstico del servicio señala que los ataques provienen tanto de perros con libre deambulación –con o sin dueño–, como de perros bravíos ya feralizados.

A esto se suma la falta de herramientas normativas eficaces. “La normativa vigente no es suficiente para enfrentar esta problemática, y de no implementarse modificaciones, se mantendrán en el tiempo las graves afectaciones sobre salud pública, bienestar animal, producción ganadera y conservación de fauna nativa”, explicaron desde el SAG.

En tanto, desde la Seremi de Agricultura reforzaron que en Chile la fauna silvestre es la más afectada, aunque el impacto en la ganadería regional es igualmente evidente.

Adicionalmente desde el ente señalan que el marco legal actual –la Ley 21.020 sobre Tenencia Responsable de Mascotas– carece de distinción entre lo urbano y lo rural, lo que deja al SAG sin atribuciones para actuar directamente sobre perros en el medio silvestre. “Este vacío normativo se traduce en un problema objetivo y constatado”, señaló la repartición.

Adopción de otras medidas

Entre las medidas complementarias, Agricultura destacó la presentación de un programa regional de control de la hidatidosis, elaborado junto al SAG y la Seremi de Salud, orientado a disminuir la prevalencia de la enfermedad en humanos, ganado y perros.

También resaltó la existencia del Seguro Ganadero de Agroseguros, herramienta que en Magallanes, ha permitido que pequeños productores protegidos por Indap puedan resguardar parte de sus pérdidas, incluyendo aquellas provocadas por ataques de perros.

El SAG, por su parte, insiste en la necesidad de una estrategia integral: promover la tenencia responsable, aplicar programas de control poblacional en zonas rurales, y avanzar en cambios normativos que permitan actuar con eficacia.

“De no implementarse modificaciones legales, se mantendrán en el tiempo las graves afectaciones sobre salud pública, bienestar animal, producción ganadera y conservación de fauna nativa”, advirtió el servicio.

Finalmente, ambas instituciones coinciden en que la solución debe ser intersectorial y con metas claras: avanzar hacia un espacio urbano y rural sin perros de libre deambular, en un plazo acotado, para proteger no sólo la economía regional, sino también la biodiversidad única de la Patagonia.