La Dirección de Presupuestos (Dipres) mencionó, en el Informe de Ejecución Presupuestaria a septiembre de 2025, que la evolución de la deuda bruta del Gobierno Central totalizó $143.399$ millones, amenazando con tocar su nivel más alto desde 1991, es decir, de los últimos $34$ años. A septiembre de 2025, el indicador equivale al $42,7\%$ del Producto Interno Bruto (PIB).

El stock de deuda al cierre del tercer trimestre, medido en dólares, fue mayor al nivel registrado al término del segundo trimestre, “debido al aumento neto de las emisiones realizadas entre julio y septiembre”, indicó la Dipres.

No obstante, la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, aseguró que en este Gobierno han realizado “un trabajo inédito en torno a la deuda pública”. Martínez mencionó: “este año vamos a registrar el menor crecimiento del indicador como porcentaje del PIB desde que comenzó a crecer en 2008, convirtiendo a esta administración en la de menor aumento de deuda en los últimos tres gobiernos”.

Ingresos y gasto público

El Informe presupuestario a septiembre de 2025 detalló que los ingresos totales del Gobierno Central “acumularon un crecimiento de $6,8\%$ al tercer trimestre del año”, incididos fundamentalmente por el alza de $7,5\%$ de los ingresos tributarios totales. El positivo desempeño se explica por:

• Contribuyentes no mineros ($+4,6\%$ de expansión, destacando $+6,6\%$ en impuestos a la renta y $+4,0\%$ en IVA).

• Minería privada ($+52,3\%$ de alza).

Por el lado del gasto, el informe evidencia que a septiembre se ejecutó un $73,4\%$ de la Ley de Presupuestos aprobada para el año. La inversión registró un avance del $56,3\%$ respecto de lo contemplado para el año, “su mayor ejecución desde 2019”.

Advertencia del Consejo Fiscal Autónomo

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) publicó un informe donde analizó el reemplazo de las metas fiscales anuales de Balance Estructural (BE). El CFA observó que la modificación de metas tuvo su origen, principalmente, “en errores de proyección de ingresos por parte del Gobierno”, y concluyó que “estos hechos no constituyen necesariamente un motivo extraordinario suficiente para sustituir las metas fiscales”.

El CFA advirtió que la menor exigencia de las nuevas metas fiscales “eleva el riesgo de superar el nivel prudente de deuda de 45% del PIB”, y planteó al Ejecutivo establecer metas más exigentes hacia adelante.