El Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas dictó un veredicto absolutorio unánime a favor de J.A.U.L., quien enfrentaba un juicio por el delito de abuso sexual con contacto corporal contra un menor de 14 años. El ingeniero agrónomo se ha dedicado profesionalmente a la educación y al trabajo con niños, realizando cerca de $100$ talleres anuales y acumulando experiencia con más de $1.000$ menores en la Región de Magallanes durante siete años.

La investigación que culminó en el juicio comenzó en octubre del año pasado tras una denuncia. Aunque el imputado fue formalizado por cuatro presuntas víctimas inicialmente, la Fiscalía decidió no perseverar respecto de tres de ellas, siguiendo el juicio solo por el caso de una víctima de $4$ años de edad, en relación con hechos que habrían ocurrido en el establecimiento educacional “Conectarte” de Punta Arenas en 2024.

La parte querellante solicitaba una condena de 5 años y un día de presidio, además de la inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos u oficios en ámbitos educacionales.

El abogado defensor particular, Ramón Ibáñez, expresó su satisfacción tras el fallo: “Los jueces, luego de ponderar la totalidad de la prueba, arribaron de manera unánime a un veredicto absolutorio. Encontramos que se ha hecho justicia”.

El "calvario" del imputado

Tras conocerse la resolución, J.U.L. relató que ha vivido un “verdadero calvario” y una “verdadera pesadilla”, y que las acusaciones generaron una “persecución constante” por parte de las instituciones.

El profesional perdió todas sus fuentes de ingreso y tuvo que dejar su trabajo como profesor de ciencias luego de que personal del colegio “Conectarte” fuera a difamarlo en otros establecimientos. El imputado estuvo detenido y cumplió una semana en prisión preventiva.

El acusado citó diversas irregularidades durante el proceso, como la formalización de su caso $93$ días después de la primera denuncia, el ocultamiento inicial de la existencia de cámaras de seguridad por parte de la Fiscalía, y que diligencias cruciales se realizaran después de que la investigación ya había sido cerrada.

J.U.L. afirmó: “Me arruinaron la vida. Arruinaron la vida de todas las maneras posibles. O sea, me han señalado con el dedo, me han insultado, me han amenazado en la calle”. Finalmente, exigió que las instituciones reconozcan el grave daño moral, social y profesional infligido, y reparen las consecuencias de sus acciones.

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