En una audiencia que concitó la atención de autoridades ambientales y regionales, la magistrada Marianela Chacur Benítez, del Juzgado de Garantía de Puerto Natales, resolvió este lunes la situación procesal de un ciudadano israelí imputado por infracción a la Ley de Bosques en el Parque Nacional Torres del Paine.

Los hechos se remontan al 15 de enero de 2026, cuando el turista, oriundo de Jerusalén, recorría el circuito de trekking “O”, una de las rutas más exigentes y de mayor valor ecológico del macizo. De acuerdo con el Ministerio Público, fue sorprendido por guardaparques de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) fumando un cigarrillo en el tramo entre el Campamento Serón y la Guardería Coirón, conducta estrictamente prohibida en el área protegida.

Ante la situación, Conaf activó los protocolos de seguridad, procediendo a su expulsión inmediata del parque y posterior entrega a las autoridades. Durante la audiencia de salida alternativa (causa rol 23-2026), la fiscalía subrayó el alto riesgo que implica cualquier fuente de fuego en un ecosistema altamente vulnerable como el de la Patagonia.

Tras el debate entre las partes, el tribunal aprobó la suspensión condicional del procedimiento, imponiendo dos medidas principales: la prohibición absoluta de reingresar al territorio nacional por un período de tres años y el pago de una reparación económica consistente en una donación de $2 millones al Cuerpo de Bomberos de Última Esperanza.

Según trascendió, inicialmente la fiscalía solicitaba un monto de $5 millones, pero tras evaluar la situación económica del imputado se acordó la cifra final, la que ya fue transferida y destinada a la brigada que opera en la zona de Torres del Paine.

Desde Conaf y actores del sector turístico valoraron la rapidez del sistema judicial. “No podemos permitir que el descuido de una persona ponga en riesgo un patrimonio natural que pertenece a Chile y al mundo”, señalaron desde el entorno del caso.

El turista deberá abandonar el país en las próximas horas, cerrando un episodio que reabre el debate sobre la necesidad de reforzar la prevención y sanciones frente a conductas de riesgo en áreas silvestres protegidas.