En un análisis sobre la compleja situación fiscal que atraviesa el país, la directora de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez, identificó la recaudación corporativa como el principal factor de inestabilidad en las cuentas públicas. Durante una entrevista en radio Pauta, Martínez calificó el impuesto de primera categoría —aquel que grava las rentas del capital y las empresas— como el "talón de Aquiles" de la actual administración.
La autoridad explicó que, mientras el impuesto de segunda categoría (rentas del trabajo) se mantiene estable como porcentaje del PIB, los ingresos provenientes de las empresas comerciales, mineras e industriales han mostrado un comportamiento difícil de predecir.
Martínez puso sobre la mesa un dato que ha desconcertado a los analistas fiscales: a pesar de las diversas reformas tributarias de la última década, la recaudación (excluyendo la minería) sigue siendo del mismo tamaño respecto al PIB que hace diez años.
Grandes contribuyentes: La directora reveló que los 11 mayores contribuyentes del país decrecieron en más de un 20% su tributación.
Pymes y resto del sistema: En contraste, el régimen general aumentó su aporte en un 7%.
El desafío: Martínez enfatizó que el problema actual radica en los ingresos y no en el gasto público. "Ya le hemos pedido harto al Estado; poner todos los esfuerzos de convergencia fiscal solo en el gasto puede ser insuficiente", advirtió.
Consultada sobre la propuesta del presidente electo, José Antonio Kast, de realizar un ajuste fiscal de US$6.000 millones durante su próximo mandato, la directora de la Dipres fue tajante al señalar que dicha cifra es excesiva para los objetivos técnicos actuales.
"Un ajuste de US$6.000 millones no es necesario para llegar al 2030 con un 0% de balance estructural. En ninguna parte (organismos internacionales) nos están pidiendo un ajuste de esa magnitud", afirmó Martínez.
No obstante, reconoció que siempre es necesario "seguir haciendo espacio fiscal y reasignando el gasto", pero advirtió que el margen de maniobra en esa área es cada vez más estrecho y depende de la voluntad política del Congreso.