El sistema de control administrativo en el aparato estatal chileno enfrenta un cuestionamiento de fondo. El séptimo balance consolidado de procedimientos disciplinarios, presentado por la Dipres en el marco de la Ley de Presupuestos 2026, expone una realidad alarmante: existe una desconexión crítica entre la detección de abusos en licencias médicas y la aplicación final de sanciones.

El informe, que consolida datos de la Contraloría hasta el cierre de 2025, pone cifras a un fenómeno que combina ineficiencia procesal con un millonario impacto en las arcas del Estado.

Radiografía del ausentismo bajo sospecha

La magnitud del problema se refleja en el volumen de casos que el propio Estado ha marcado como "presuntamente incumplidos":

• Licencias cuestionadas: 40.629 documentos médicos bajo sospecha.

• Funcionarios involucrados: 29.270 trabajadores del Gobierno Central.

• Situación actual: La gran mayoría (23.745) sigue trabajando en sus puestos mientras se resuelven los procesos, mientras que un grupo de 5.525 ya dejó la administración pública.

Lo más preocupante para la gestión del personal es que casi 3.000 exfuncionarios mantienen sumarios abiertos, arrastrando investigaciones burocráticas incluso después de haber abandonado sus cargos.

El "cuello de botella" de los sumarios

La capacidad sancionatoria del Estado parece diluirse en la burocracia de las investigaciones. De los más de 26 mil funcionarios que requieren una investigación formal, el avance es mínimo:

• Investigaciones en curso: 21.098 procedimientos siguen abiertos.

• Resoluciones formales: Solo 4.254 han sido resueltos por los jefes de servicio.

• Efectividad final: De los 1.543 procesos cerrados con sentencia definitiva, solo 262 terminaron en destitución. Esto significa que apenas el 1% de los funcionarios inicialmente señalados recibió la máxima sanción administrativa.

El resto de los casos finaliza mayoritariamente en absoluciones (577) o castigos menores como censuras (584), suspensiones y multas, dejando una sensación de impunidad en el uso del beneficio médico.

Costo fiscal y la "huida" del sistema

El impacto económico de estas irregularidades es directo. El Estado pagó aproximadamente $36.876 millones en sueldos a funcionarios que se ausentaron bajo estas licencias cuestionadas. Con un sueldo bruto promedio de $1,9 millones, cada día de licencia injustificada representa una pérdida de recursos que podrían destinarse a otras urgencias sociales.

A esto se suma la llamada "renuncia estratégica": al menos 1.009 funcionarios renunciaron voluntariamente antes de que se iniciara cualquier proceso en su contra. Este vacío legal permite que los involucrados se retiren con su hoja de vida "limpia", evitando que futuras contrataciones en el Estado registren sus faltas pasadas.