Las cuentas de la luz enfrentarán un nuevo ajuste estructural. El Gobierno del presidente Gabriel Boric, a través del Ministerio de Energía, reveló la propuesta técnica para devolver a las empresas distribuidoras los saldos pendientes por el congelamiento de tarifas iniciado en 2019. El plan busca regularizar una deuda específica de los clientes residenciales que asciende a $734 mil millones.
La solución planteada por la administración saliente consiste en un cargo único nacional, diseñado para simplificar el cobro y evitar que los habitantes de zonas rurales o extremas —donde los costos suelen ser mayores— paguen más que el resto del país.
La propuesta establece un cronograma de pago fijo para todos los clientes regulados residenciales, independiente de la empresa que les preste el servicio (como Aguas Magallanes en el caso local, o Enel y CGE en el resto del país):
Monto adicional: $1.450 mensuales.
Duración: 48 meses (4 años).
Objetivo: Extinguir el 11% de la deuda total derivada del congelamiento de 2019 (la cual en su totalidad superaba los US$6.000 millones).
Para evitar que este cargo impacte severamente a las familias de menores ingresos, el ministro de Energía, Álvaro García, explicó que la medida vendrá acompañada de un beneficio social:
Subsidio al 40% más vulnerable: Se propondrá un subsidio que cubra íntegramente el cargo de $1.450 para los hogares pertenecientes al tramo de menores ingresos del Registro Social de Hogares (RSH).
Financiamiento fiscal: Este beneficio se financiaría con la propia recaudación del incremento tarifario, por lo que no generaría déficit fiscal.
Costo para el Estado: Según García, este subsidio representaría menos de un cuarto de lo que actualmente se gasta en beneficios eléctricos semestrales.
“Es perfectamente posible de financiar ya que no genera ningún déficit fiscal, pero sí introduce la solidaridad que creemos el país debe tener”, argumentó el ministro García.
Este proyecto de ley será entregado como un "respaldo técnico y jurídico" a la administración de José Antonio Kast, que asume este 11 de marzo. El objetivo es que el nuevo Gobierno cuente con una vía financiera viable para cerrar un conflicto que arrastra el sistema eléctrico chileno desde hace siete años.
Se destacó que, al ser un cargo por unidad de energía, el proceso se simplifica administrativamente, permitiendo que la devolución sea transparente y a un plazo determinado que no se extienda indefinidamente.