Lo que el Gobierno proyecta como un hito para la conservación ambiental, las principales mineras del país lo ven con "suspicacia" y preocupación técnica. La consulta pública para declarar más de 76 mil hectáreas del Salar de Atacama como áreas protegidas ha abierto un complejo frente de conflicto entre el Estado y las empresas que operan en el corazón minero de Chile.

La iniciativa busca proteger ecosistemas críticos, incluyendo 34 mil hectáreas del sitio Ramsar Sistema Hidrológico Soncor. Sin embargo, actores de peso como Codelco, Albemarle y la Sonami coinciden en que la propuesta carece de fundamentos científicos sólidos y amenaza la continuidad operacional en zonas estratégicas.

Codelco: Dudas sobre la "Chinchilla" y criterios ecológicos

La estatal, que recientemente consolidó su entrada al negocio del litio a través de la creación de Novandino Litio (junto a SQM), fue una de las más críticas respecto a la delimitación del área:

• Falta de sustento: Codelco señaló que no se explican los criterios que justifican el tamaño del polígono propuesto. Sugirieron "acotar" el área solo a los lugares donde realmente existan especies a proteger.

• El caso de la Chinchilla: La minera cuestionó que se incluya a la chinchilla como objeto de protección en Soncor, asegurando que no existe evidencia histórica ni actual de su presencia en ese hábitat específico.

• Impacto productivo: Advirtieron que aumentar la superficie protegida de forma arbitraria genera efectos heterogéneos en minería y turismo que no han sido bien evaluados.

Albemarle: Traslapes y conflictos operacionales

La estadounidense Albemarle presentó un contundente documento de 53 páginas donde advierte que la nueva área protegida "choca" directamente con sus faenas:

1. Invasión de sitios: Según la empresa, la propuesta comprende terrenos vinculados directamente con su operación de litio.

2. Imposibilidad de cumplir obligaciones: Albemarle realiza monitoreo ambiental, tránsito de personal y obras de infraestructura en áreas que ahora serían protegidas, lo que pondría en riesgo sus actuales permisos y obligaciones sectoriales.

3. Conflicto judicial: Recordaron que el sector de Tilopozo (incluido en la propuesta) ya es objeto de medidas judiciales tras un acuerdo con el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y otras mineras como Escondida y Zaldívar.

Sonami: Críticas a la "burocracia estival"

Desde la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), el foco estuvo en la forma en que se llevó a cabo el proceso:

• Plazos insuficientes: Calificaron como "desproporcionado" que una consulta de tal complejidad técnica se realizara en pleno periodo estival y fiestas de fin de año, dificultando una participación informada.

• Sobrerregulación: Coincidieron con Codelco en que incluir especies sin respaldo técnico introduce riesgos regulatorios que no tienen correlato con la realidad del territorio.