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Seguridad en pausa: 15 cámaras de vigilancia permanecen apagadas en Punta Arenas

regional
10/02/2026 a las 10:27
Periodista Web 1
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El alcalde Claudio Radonich denunció una grave contradicción burocrática entre la Subsecretaría de Prevención del Delito y la empresa proveedora, que mantiene fuera de servicio dispositivos clave en sectores residenciales. Mientras el Gobierno afirma que el contrato está vigente, la mantenedora asegura lo contrario, dejando al municipio sin facultades para intervenir.

 Un punto ciego en la estrategia de seguridad de la capital regional ha encendido las alarmas en el Palacio Montes. Quince cámaras de televigilancia, herramientas críticas para la prevención del delito y el apoyo a Carabineros, permanecen apagadas debido a una disputa administrativa ajena a la gestión local.

La situación motivó un oficio directo de la Municipalidad de Punta Arenas hacia la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD), exigiendo una resolución inmediata ante lo que el alcalde calificó como una falta de respeto a la seguridad de los magallánicos.

Contradicciones que apagan pantallas

El origen del conflicto radica en la vigencia del contrato de mantención de estos dispositivos. Según explicó el alcalde Claudio Radonich, la información que recibe el municipio es cruzada y contradictoria:

  • Versión SPD: Aseguran mediante oficio que el contrato de mantención sigue vigente y los equipos deberían operar.

  • Versión Empresa: La firma encargada de los equipos sostiene que el vínculo contractual expiró, por lo que han suspendido el servicio.

“La seguridad de los vecinos no puede quedar atrapada en contradicciones burocráticas. Necesitamos certezas, no excusas”, fustigó Radonich, enfatizando que la ciudad no puede quedar expuesta mientras las instituciones se ponen de acuerdo.

El municipio ofrece pagar, pero no puede actuar

Desde la Dirección de Seguridad Pública Municipal, su titular Carlos Sanhueza advirtió que el problema ha llegado a un punto donde incluso la empresa propuso que el municipio asuma los costos de operación. Sin embargo, legalmente la municipalidad está atada de manos:

  1. Dependencia Estatal: Al ser proyectos de la Subsecretaría, el municipio no puede intervenir ni financiar reparaciones sin un pronunciamiento oficial que liquide el contrato anterior.

  2. Riesgo vecinal: Las 15 cámaras están ubicadas en sectores residenciales donde la televigilancia es la principal herramienta de disuasión.

  3. Red operativa: El resto de la red municipal sigue funcionando, pero estos 15 puntos ciegos debilitan el sistema integral de vigilancia.

Mira la nota completa acá:


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