Un punto ciego en la estrategia de seguridad de la capital regional ha encendido las alarmas en el Palacio Montes. Quince cámaras de televigilancia, herramientas críticas para la prevención del delito y el apoyo a Carabineros, permanecen apagadas debido a una disputa administrativa ajena a la gestión local.
La situación motivó un oficio directo de la Municipalidad de Punta Arenas hacia la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD), exigiendo una resolución inmediata ante lo que el alcalde calificó como una falta de respeto a la seguridad de los magallánicos.
El origen del conflicto radica en la vigencia del contrato de mantención de estos dispositivos. Según explicó el alcalde Claudio Radonich, la información que recibe el municipio es cruzada y contradictoria:
Versión SPD: Aseguran mediante oficio que el contrato de mantención sigue vigente y los equipos deberían operar.
Versión Empresa: La firma encargada de los equipos sostiene que el vínculo contractual expiró, por lo que han suspendido el servicio.
“La seguridad de los vecinos no puede quedar atrapada en contradicciones burocráticas. Necesitamos certezas, no excusas”, fustigó Radonich, enfatizando que la ciudad no puede quedar expuesta mientras las instituciones se ponen de acuerdo.
Desde la Dirección de Seguridad Pública Municipal, su titular Carlos Sanhueza advirtió que el problema ha llegado a un punto donde incluso la empresa propuso que el municipio asuma los costos de operación. Sin embargo, legalmente la municipalidad está atada de manos:
Dependencia Estatal: Al ser proyectos de la Subsecretaría, el municipio no puede intervenir ni financiar reparaciones sin un pronunciamiento oficial que liquide el contrato anterior.
Riesgo vecinal: Las 15 cámaras están ubicadas en sectores residenciales donde la televigilancia es la principal herramienta de disuasión.
Red operativa: El resto de la red municipal sigue funcionando, pero estos 15 puntos ciegos debilitan el sistema integral de vigilancia.
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