El asfixiante escenario financiero que mantenía paralizados diversos proyectos en la Región de Magallanes comienza a ver la luz al final del túnel. Tras una intensa gestión en el nivel central —donde participaron la gobernadora (s) Eugenia Mancilla y la jefa de la DIPIR, Fran del Fierro— se logró un compromiso formal para normalizar el flujo de caja regional.
La falta de liquidez había escalado a un nivel crítico, afectando directamente la estabilidad laboral de cientos de trabajadores de empresas contratistas que prestan servicios al Estado.
El consejero regional Juan Morano confirmó que la primera medida paliativa será el pago de todo lo facturado hasta el cierre del ejercicio anterior.
Monto inmediato: Se transferirán entre $15.000 y $15.500 millones de pesos.
Fecha de inicio: El proceso de transferencia comienza este sábado 14 de febrero.
Alcance: Cubrirá proyectos finiquitados y estados de pago pendientes al 31 de diciembre de 2025.
La demora en la liberación de fondos nacionales puso en jaque la continuidad de obras y servicios en la zona austral. Morano fue enfático en la gravedad de la situación, señalando que el retraso no es solo una cifra contable, sino un problema humano.
"Hay empresas que no pueden pagar los sueldos, remuneraciones y leyes sociales; hay deudas que se arrastran en algunos casos de noviembre y diciembre. Hay instituciones que están cayendo en problemas", advirtió el consejero.
Aunque la inyección inicial trae alivio, el problema no está resuelto al 100%. Magallanes aún espera un segundo tramo de recursos que oscila entre los $15.000 y $18.000 millones adicionales.
El factor Contraloría: Estos fondos dependen de que la Contraloría General de la República tome razón de los decretos del presupuesto nacional 2026.
Proyección: Se espera que hacia finales de febrero la región reciba la totalidad de los $33.000 millones adeudados, logrando así la normalización absoluta del flujo de caja para marzo.